Profesores y maestros de los colegios baenenses concertados, SAFA y Espíritu Santo, se manifestaban ayer por la mañana en la puerta de sus centros contra la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), más conocida como la ‘Ley Celaá’, al considerar que “es fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una sociedad democrática”.
Las comunidades educativas opinan que es una reforma “que conduce hacia el dominio sistémico del Estado, dotando a las Administraciones con facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias como primeras educadoras de sus hijos”.
La LOMLOE permite distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente la elección educativa de sus padres, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta manera, opinan que “se inventa un derecho a la educación pública -cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación-; la enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa, rompiendo la complementariedad de redes recogida en la Constitución; devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela aplicando un laicismo impropio y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial, entre otros aspectos”.
Por ello, piden la protección y la continuidad de la pluralidad del sistema educativo actual, puesto que “la pluralidad educativa, la libertad de elección del centro y la formación en los valores éticos, filosóficos o religiosos contribuyen a un mejor rendimiento y desarrollo integral de la persona”.
Las comunidades educativas opinan que es una reforma “que conduce hacia el dominio sistémico del Estado, dotando a las Administraciones con facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias como primeras educadoras de sus hijos”.
La LOMLOE permite distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente la elección educativa de sus padres, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta manera, opinan que “se inventa un derecho a la educación pública -cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación-; la enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa, rompiendo la complementariedad de redes recogida en la Constitución; devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela aplicando un laicismo impropio y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial, entre otros aspectos”.
Por ello, piden la protección y la continuidad de la pluralidad del sistema educativo actual, puesto que “la pluralidad educativa, la libertad de elección del centro y la formación en los valores éticos, filosóficos o religiosos contribuyen a un mejor rendimiento y desarrollo integral de la persona”.
MARTA BAENA SANZ / REDACCIÓN
