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4 de noviembre de 2020

  • 4.11.20
El Sindicato de Construcción y Servicios de CCOO de Córdoba denunció ayer la "insoportable" situación que están viviendo las auxiliares de ayuda a domicilio de la provincia dado que las empresas no están dotando a las trabajadoras de los equipos necesarios para atender a pacientes con covid-19 ni se están haciendo las PCR necesarias para garantizar que las auxiliares de ayuda a domicilio no se convierten en agentes trasmisores de la enfermedad.


La secretaria General de dicho sindicato, Isabel Medina, aseguró que “la pandemia del covid-19 ha venido a poner la puntilla a un sector que está muy precarizado". "Hace años que CCOO, que tenemos el 80 por ciento de la representación en el sector, venimos denunciando que el precio que la Junta paga por hora es absolutamente insuficiente", explicó Medina, quien recordó que la Junta paga 13 euros por hora, una tarifa que no se ha revisado desde el año 2007.

“Las empresas solo cobran las horas trabajadas. Es decir, si una persona usuaria del servicio, por cualquier circunstancia, no requiere el servicio puntualmente, la empresa no lo cobra y, por extensión, no se lo abona a la trabajadora. Si de normal están cobrando 500-600 euros, si pierden usuarios o usuarias imaginad en lo que quedan sus sueldos”, remarcó la responsable sindical.

Por ello, desde el sindicato denunciaron que "con el covid la precariedad del sector se ha incrementado aún más". “Muchas familias, por miedo a que el familiar al que se presta el servicio se contagie han rehusado al servicio, pero esas bajas no se están cubriendo con nuevos usuarios. Eso significa que las empresas están recibiendo menos ingresos y que las trabajadoras hayan visto reducir sus sueldos en algunos casos a más de la mitad”, expuso Medina.

“A esto se añade el miedo que tienen las mujeres a contagiarse y contagiar el coronavirus a las personas a las que atienden por la falta de equipos de protección adecuados”, añadió la secretaria general, quien puntualizó que “la mayoría de las empresas no están proporcionando a sus trabajadoras los EPI adecuados para que puedan hacer su trabajo con la máxima seguridad".

"Les dan dos mascarillas lavables y dos batas, cuando deberían cambiarse de mascarilla y de bata con cada usuario y usuaria; y si la persona usaría está contagiada, deberían llevar un buzo, con gafas de protección, que no están llevando”, lamentó. 

Falta de recursos

En este sentido, Medina señaló que el problema radica en que las empresas "ya están al límite, no pueden o no quieren hacerse cargo de los gastos extra que conllevan los EPI y las pruebas PCR por la pandemia y la Junta, la Diputación, que es la que reparte las partidas de la Junta, y los ayuntamientos, que son los que contratan a las empresas, se lavan las manos y al final son las trabajadoras las que pagan el pato”, denunció.

En este sentido, el sindicato recordó que son las administraciones las que tienen que hacerse cargo de los gastos provocados por la pandemia "porque así se establece en los pliegos de contratación". "Las empresas ya están pensando en bajar el sueldo a las trabajadoras o en despedir a trabajadoras porque no pueden hacer frente a los gastos que tienen por la pandemia. Y claro, las trabajadoras están preocupadas, porque como he dicho, muchas son las únicas que llevan un sueldo a su casa, aunque sea un sueldo mísero”, recalcó Isabel Medina.

“Y lo peor es que la falta de equipos de protección adecuados está provocando una situación gravísima porque las trabajadoras se están poniendo en riesgo constantemente y son potenciales focos de infección ante un colectivo de alto riesgo", indicó.

De hecho, según apuntó Medina, en la provincia, solo hay una empresa que está realizando a sus trabajadoras serologías cada dos meses. “Las demás, nada y a CCOO nos parece que es una barbaridad y una imprudencia porque se está poniendo en riesgo a muchas personas”, aseveró Medina que, asimismo, señaló que si una trabajadora da positivo no lo consideran una baja por enfermedad profesional, aunque se haya contagiado por atender a una persona que tiene coronavirus, así que los días que estén de baja tampoco los cobran.

"Lo que está pasando es que las trabajadoras, por miedo a perder sus trabajos, por miedo a ver reducidos aún más sus salarios, están aceptando trabajar en unas condiciones tremendas y en algunos casos yo diría que ilegales, como es la situación que hemos detectado en Cabra", denunció Isabel Medina, que aseguró que el Ayuntamiento de Cabra, si ingresan a un usuario en el hospital, obliga a la empresa adjudicataria del servicio a atender a esta persona en el hospital. 

Por eso, CCOO exigió a la Junta de Andalucía que revise de inmediato el precio hora que se abona por el servicio de ayuda a domicilio de la Dependencia y que reponga las bajas de usuarios y usuarias, “porque nos consta que hay muchas personas esperando poder recibir el servicio”.

Además, pidió a los ayuntamientos que abonen a las empresas adjudicatarias del servicio los gastos extraordinarios provocados por la pandemia para que las empresas puedan facilitar a sus trabajadoras los equipos de protección y les puedan hacer pruebas PCR o serológicas frecuentes y exige pliegos de contratación justos, con precios que permitan a las empresas obtener su lógico beneficio pero que no sea a costa de las trabajadoras y de su salud.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL



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