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18 de julio de 2017

  • 18.7.17
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha informado este mediodía del nombramiento de la Plaza de la Constitución y el Cementerio de Baena como nuevos Lugares de Memoria Democrática. Este acuerdo llega tras la fase de estudio y análisis que contempla el decreto 264/2011 y la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática.

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Según la Junta, se estima que del 28 al 30 de julio de 1936 fueron asesinadas más de 300 personas en Baena. Durante la guerra civil y la dictadura franquista, fueron fusilados 700 vecinos. "Se desarrolló un verdadero genocidio en este municipio cordobés, perpetrado por fuerzas sublevadas. Tras los primeros asesinatos en masa cometidos en la Plaza de la Constitución, los fusilamientos se sucedieron hasta después de finalizada la guerra, teniendo como escenario el cementerio de la localidad", explica el informe.

Son muchas las publicaciones que analizan desde un punto de vista histórico los acontecimientos que tuvieron lugar en Baena en julio de 1936. Uno de los libros más documentados es el de Arcángel Bedmar, titulado Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943), donde sostiene que "la represión franquista ocasionó en Baena cuatro veces más víctimas mortales que la represión republicana".

La declaración también incluye otros 12 nuevos Lugares de Memoria Democrática en seis provincias andaluzas, entre ellos el Refugio antiaéreo de la Plaza de España de Villanueva de Córdoba, además de distintas fosas comunes, cárceles y campos de concentración de varios municipios de Andalucía.

La propuesta de estos nuevos espacios como Lugares de Memoria es el resultado del análisis y valoración de un Grupo de Trabajo compuesto por expertos de acreditada solvencia en la investigación vinculada a la memoria y con un amplio bagaje en ámbito memorialista.

La declaración, que corresponde al Consejo de Gobierno, conlleva un informe exhaustivo con documentación sobre los enclaves, su evolución histórica y la narración de los hechos que motivan su reconocimiento con los datos sobre las personas e instituciones que se vieron involucradas. Esta fase es la que ahora concluye para poder iniciar la tramitación del decreto.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

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