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13 de marzo de 2017

  • 13.3.17
La percepción ciudadana de la Justicia es subjetiva y, por consiguiente, parcial y hasta ignorante de su verdadera realidad. No por ello es una sensación errada por cuanto el criterio de la opinión pública determina la trascendencia y gravedad de las actuaciones de los poderes que encarnan un sistema democrático, en el que la justicia asume con independencia formal uno de ellos, el Poder Judicial.



Subjetividad reforzada por cuanto toda sentencia de un juez, aun ajustándose a las leyes y la jurisprudencia establecida, no deja de ser una interpretación personal –fundada y basada en las leyes– de quien resuelve cada caso.

Por tal razón, un mismo asunto puede resultar favorable o contrario al demandante dependiendo del juez que lo sentencie, aunque existan instancias más elevadas a las que recurrir en caso de disconformidad por cualquiera de las partes.

Es decir, aún aplicando toda la objetividad procesal posible, la Justicia es sumamente cuestionable por carecer de criterio unívoco en sus veredictos. A veces condena con extremo rigor, otras con excesiva benevolencia, pero siempre en función de las personas implicadas más que por el hecho delictivo enjuiciado. De ahí que, a ojos de cualquier profano, la Justicia parezca que disponga de distintas varas de medir a la hora de juzgar cualquier caso, como podemos comprobar en la actualidad.

En los últimos tiempos hemos visto meter en la cárcel a titiriteros por presunta exaltación del terrorismo o pedir la misma pena de privación de libertad a una activista feminista por manifestarse en sujetador contra la existencia de una capilla religiosa en recinto universitario, mientras otros inculpados de rancio abolengo, condenados por corrupción y otros delitos fiscales, quedan en libertad y sin fianza hasta que resuelva otra instancia superior, por expreso deseo del Ministerio Fiscal, no de los abogados defensores, y a pesar de las penas condenatorias con años de cárcel.

Los primeros no pertenecían a ninguna familia socialmente relevante, los segundos alardean de apellidos ilustres como políticos o aristócratas. Son ejemplos que trasladan a la ciudadanía la existencia de distintas varas de medir por parte de la Justicia, aunque en todos los casos se aplique la ley y se resuelva según jurisprudencia.

Incluso es posible que para un entendido en tribunales existan razones legales y jurídicas para dictaminar con tales diferencias, pero la ciudadanía percibe una Justicia que se amolda a la relevancia política y social del encausado en vez de actuar con la imparcialidad que se presume de la máxima de que, ante la ley, todos somos iguales. Más bien parece que unos son más iguales que otros, dependiendo del apellido y del bufete de abogados que intervenga.

Por mucha menos cantidad sustraída y defraudada, la tonadillera Isabel Pantoja tuvo que aguantar que su imagen pública coincidiera con la de una presidiaria que paga con sus huesos en la cárcel, mientras que un ex vicepresidente del Gobierno y exministro de Economía, junto a un yerno del Rey, quedan en libertad y sin medidas cautelares hasta que el Tribunal Supremo ratifique o no sus condenas por defraudar millones de euros, tráfico de influencias, prevaricación O malversación.

Incluso que la socia empresarial en el entramado del aristócrata, una infanta de España aunque apartada temporalmente de la Familia Real, consiga salir indemne del juicio en el que quedó probada su responsabilidad, al menos, a título lucrativo.

Siempre se ha dicho que la verdad judicial es distinta de la científica o de la percibida por la sociedad. La primera se basa en pruebas, la segunda en leyes físicas y la tercera en impresiones que calan en la opinión pública. Siempre han existido esas distintas verdades de los hechos, pero nunca han sido tan opuestas o contradictorias como en los últimos tiempos.

Y esa divergencia entre la verdad percibida por los ciudadanos y la verdad judicial que se desprende de las sentencias hace creer en la existencia de distintos raseros a la hora de aplicar Justicia. Una Justicia que no solo ha de ser imparcial, sino parecerlo y demostrarlo, sin importar la persona enjuiciada.

Pero mientras se condene a un año de cárcel a quien roba una gallina, como sucedió en 2009 con un joven de Madrid, y se absuelva a quienes participan del beneficio de la comisión de delitos millonarios, como Ana Mato o la infanta Cristina, el convencimiento de que hay distintas varas de medir en la Justicia será imposible de rebatir, por mucho que nos aseguren que disfrutamos de un Estado de Derecho con separación de poderes y una Justicia independiente pero, al parecer, no ciega.

DANIEL GUERRERO

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