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28 de octubre de 2016

  • 28.10.16
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Baena sacó anoche adelante con los votos a favor de Izquierda Unida y la abstención del Partido Popular la propuesta de modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2017, que incluye una subida mínima del 0.61 al 0.62 en el tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana.

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La delegada de Economía y Hacienda, Pilar Hoya, dio cuenta del cambio de facturación que se producirá en el alcantarillado, que tendrá una cuota fija de 1,92 euros y una cuota variable según el consumo. La entrada de vehículos pasará de 25 a 20 euros por metro lineal, se congela el agua y subirán un 4% las tasas por prestación de servicios del cementerio y alrededor de un 3% las de deportes.

La portavoz de IU, Cristina Vidal, aseguró que hubiera sido más fácil un discurso populista de bajar los impuestos, pero reiteró que su partido apuesta por la progresividad y por unos "servicios públicos y de calidad". Vidal reconoció que los impuestos de Baena son de los más bajos de la provincia, pero también indicó que la renta per cápita –15.700 euros por habitante– también es de las más bajas de la zona.

José María Baena, portavoz del Partido Popular, anunció que el efecto de la regularización catastral podría ser más grave de lo esperado y criticó la "frivolidad" a la hora de hablar de subir o bajar impuestos. El edil de Ciudadanos, Miguel Jurado, mostró su desacuerdo con las subidas en las tasas del cementerio y las escuelas deportivas y reiteró que "los bolsillos de los baenenses se merecen el respeto de esta corporación".

El alcalde, Jesús Rojano, volvió a explicar que la idea a medio plazo es equiparar los impuestos de Baena con los más bajos de la provincia, pero aseguró que no es el momento porque esta medida supondría un incremento de un 6 o un 7% en los impuestos de los ciudadanos. Rojano expuso que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar este año más de 250.000 euros en IBI por la bajada del 8% el año anterior, de ahí que repitiera que "no podemos disminuir los ingresos y tener cada vez más exigencias".

Por otra parte, durante la sesión plenaria –que terminó pasada la medianoche– tuvo lugar la toma de posesión como concejal de José del Valle González, que será el nuevo delegado de Servicios Sociales y la Unidad de Servicios. También fue aprobada la propuesta con la reestructuración de algunas delegaciones municipales y que incluye el nombramiento de Francisco Garrido y Lola Cristina Mata como primer y segunda teniente de alcalde, respectivamente.

En el punto de la cuenta general de 2015 los partidos de oposición pidieron al PSOE "afinar un poco más con los presupuestos de 2017". En este punto se debatió sobre la deuda municipal –superior a los 11 millones– e IU volvió a mostrarse partidario de la gestión pública del agua. El alcalde puso en valor los equipamientos e infraestructuras que están disfrutando hoy en día los vecinos y aseguró que con Aguas de Córdoba los ciudadanos de otros municipios de la provincia pagan casi el doble.

De otro lado, el equipo de Gobierno sacó adelante un reconocimiento extrajudicial de obligaciones por valor de 110.649 euros y una modificación de créditos de 80.400. Además, los grupos se mostraron a favor de la adhesión a un convenio de colaboración para la prestación de soluciones básicas de administración electrónica, una moción del PP para instar a la Junta a que dote al Conservatorio de un conserje y un administrativo, una propuesta de Ciudadanos en apoyo al colectivo celíaco y una moción para que el Consistorio forme parte de la Asociación para la Promoción del Turismo del Vino (AVINTUR).

En el turno de ruegos y preguntas, David Bazuelo (IU) pidió a la corporación aprovechar la sentencia del caso de las facturas falsas para "limpiar este Ayuntamiento de comportamientos corruptos y serviles". El portavoz de la coalición de izquierdas expuso el daño que este caso produjo al nombre de Baena y solicitó un informe que evalúe el coste económico para las arcas municipales.

La portavoz del PP, Cristina Piernagorda, también se interesó por el futuro de los dos funcionarios condenados y exigió al alcalde ser contundente: "ante la corrupción no caben medias tintas". Rojano quiso diferenciar en todo momento la valoración política de la judicial, pero aseguró que se cumplirá la sentencia en cuanto llegue la nota aclaratoria.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL



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