El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Baena ha acordado esta semana el sobreseimiento provisional de una querella que el Partido Popular presentó contra la anterior junta local de Gobierno por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación a un expediente de disciplina urbanística. Por este asunto, el 4 de septiembre de 2014 los portavoces de Partido Popular e Izquierda Unida pidieron durante una sesión plenaria la dimisión del alcalde de la ciudad, Jesús Rojano.
Los hechos se remontan al pleno de septiembre de 2014, cuando el PSOE presentó una declaración de lesividad referente a un caso de disciplina urbanística tratado por la junta de Gobierno local el 25 de abril del mismo año. El alcalde y otros cuatro concejales decidieron retirar una multa administrativa de 12.000 euros a una familia que había sido sancionada por la construcción de una piscina al considerar que tras varios recursos procedía el recurso extraordinario de revisión, que puede interponerse cuando "aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida".
Rojano aseguró que no retiraron la sanción por un "capricho", sino por interpretar que los afectados habían presentado una prueba que demostraba la prescripción de la irregularidad, una foto aérea de la construcción de la piscina del año 2007. Finalmente el pleno aprobó la declaración de lesividad y PP e IU acordaron remitir el asunto al Ministerio Fiscal para someter a su consideración la posible comisión de un presunto delito de prevaricación.
Sin embargo, independientemente de este procedimiento, que no prosperó, la anterior portavoz del Partido Popular presentó una denuncia que es la que ahora suspende el Juzgado de Baena. El diario ABC se hizo eco de esta acusación el 21 de mayo de 2015, tres días antes de las elecciones municipales. Fue entonces cuando el alcalde criticó el oportunismo de esa publicación en prensa y reprochó al Partido Popular la mala intención de "esperar pocos días antes de las elecciones" para darlo a conocer.
Al igual que en el pleno de este pasado jueves, Rojano refirió entonces que cuando se ataca con fines partidistas "muchas veces salen perjudicados los ciudadanos". Jesús Rojano aseguró que hubo una "clara intencionalidad política" y un "exceso de celo buscando el escándalo antes de las elecciones", unos hechos que provocaron que se tuviera que poner la sanción a la familia.
El auto que ha dictado esta semana el Juzgado baenense viene a confirmar que en todo caso se debería haber recurrido a la vía de lo contencioso administrativo y no a la penal. En este sentido, el alcalde ha reiterado que "los problemas que tengamos los políticos tenemos que resolverlos nosotros y no debemos trasladarlos a los juzgados ni a la ciudadanía", de ahí que haya pedido "capacidad de entendimiento" y "lealtad" a los grupos de la oposición y "que se preocupen más de los problemas de los ciudadanos que de judicializar al equipo de Gobierno".
Los hechos se remontan al pleno de septiembre de 2014, cuando el PSOE presentó una declaración de lesividad referente a un caso de disciplina urbanística tratado por la junta de Gobierno local el 25 de abril del mismo año. El alcalde y otros cuatro concejales decidieron retirar una multa administrativa de 12.000 euros a una familia que había sido sancionada por la construcción de una piscina al considerar que tras varios recursos procedía el recurso extraordinario de revisión, que puede interponerse cuando "aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida".
Rojano aseguró que no retiraron la sanción por un "capricho", sino por interpretar que los afectados habían presentado una prueba que demostraba la prescripción de la irregularidad, una foto aérea de la construcción de la piscina del año 2007. Finalmente el pleno aprobó la declaración de lesividad y PP e IU acordaron remitir el asunto al Ministerio Fiscal para someter a su consideración la posible comisión de un presunto delito de prevaricación.
Sin embargo, independientemente de este procedimiento, que no prosperó, la anterior portavoz del Partido Popular presentó una denuncia que es la que ahora suspende el Juzgado de Baena. El diario ABC se hizo eco de esta acusación el 21 de mayo de 2015, tres días antes de las elecciones municipales. Fue entonces cuando el alcalde criticó el oportunismo de esa publicación en prensa y reprochó al Partido Popular la mala intención de "esperar pocos días antes de las elecciones" para darlo a conocer.
Al igual que en el pleno de este pasado jueves, Rojano refirió entonces que cuando se ataca con fines partidistas "muchas veces salen perjudicados los ciudadanos". Jesús Rojano aseguró que hubo una "clara intencionalidad política" y un "exceso de celo buscando el escándalo antes de las elecciones", unos hechos que provocaron que se tuviera que poner la sanción a la familia.
El auto que ha dictado esta semana el Juzgado baenense viene a confirmar que en todo caso se debería haber recurrido a la vía de lo contencioso administrativo y no a la penal. En este sentido, el alcalde ha reiterado que "los problemas que tengamos los políticos tenemos que resolverlos nosotros y no debemos trasladarlos a los juzgados ni a la ciudadanía", de ahí que haya pedido "capacidad de entendimiento" y "lealtad" a los grupos de la oposición y "que se preocupen más de los problemas de los ciudadanos que de judicializar al equipo de Gobierno".
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
