La parlamentaria andaluza Soledad Pérez ha detallado este mediodía en el Ayuntamiento de Baena la nueva Ley de Servicios Sociales que se está tramitando en el Parlamento de Andalucía, una norma que reestructurará el sistema para "que sean los derechos de las personas los que garanticen el presupuesto".
Pérez ha asegurado que con esta ley se pasará de un modelo de subvenciones y convocatorias a uno nuevo en el que "los propios ayuntamientos tengan la garantía de que las personas con un derecho subjetivo tengan las prestaciones que un trabajador social les haya prescrito". Para ello, Servicios Sociales incorporará un baremo único en toda Andalucía con un programa informático, que administrará una historia social de cada ciudadano.
Según la portavoz de la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales en el Parlamento de Andalucía, que ha mantenido una reunión con técnicos municipales y miembros de los colectivos sociales de la ciudad, la idea es que el presupuesto dependa de los derechos sociales de las personas, que quedarán reflejados en un catálogo de prestaciones y servicios.
La vicepresidenta de la Diputación Provincial y responsable del Instituto Provincial de Bienestar Social, Felisa Cañete, ha reiterado que esta ley "va a marcar un antes y un después" y "será referente para el conjunto de España", ya que garantizará "el derecho y el acceso a los servicios y prestaciones sociales en igualdad de oportunidades".
Asimismo, el alcalde, Jesús Rojano, ha trasladado su interés por el desarrollo de este tipo de medidas sociales y ha apostado por una mayor "agilidad" para dar respuesta a las demandas diarias de los vecinos.
Pérez ha asegurado que con esta ley se pasará de un modelo de subvenciones y convocatorias a uno nuevo en el que "los propios ayuntamientos tengan la garantía de que las personas con un derecho subjetivo tengan las prestaciones que un trabajador social les haya prescrito". Para ello, Servicios Sociales incorporará un baremo único en toda Andalucía con un programa informático, que administrará una historia social de cada ciudadano.
Según la portavoz de la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales en el Parlamento de Andalucía, que ha mantenido una reunión con técnicos municipales y miembros de los colectivos sociales de la ciudad, la idea es que el presupuesto dependa de los derechos sociales de las personas, que quedarán reflejados en un catálogo de prestaciones y servicios.
La vicepresidenta de la Diputación Provincial y responsable del Instituto Provincial de Bienestar Social, Felisa Cañete, ha reiterado que esta ley "va a marcar un antes y un después" y "será referente para el conjunto de España", ya que garantizará "el derecho y el acceso a los servicios y prestaciones sociales en igualdad de oportunidades".
Asimismo, el alcalde, Jesús Rojano, ha trasladado su interés por el desarrollo de este tipo de medidas sociales y ha apostado por una mayor "agilidad" para dar respuesta a las demandas diarias de los vecinos.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
