Prestos a entregarnos a unas merecidas vacaciones –quien tenga esa suerte– o a aguantar el calor bajo la alargada sombra de la resignación a una crisis interminable, por mucha recuperación que la macroeconomía vocee, lo cierto es que el verano se presenta de aúpa, y no sólo por el calor, que está asegurado. El verano de 2015 está siendo cualquier cosa menos tranquilo y soporífero, ya que no está dando descanso a una maquinaria electoral que sigue activa tras las elecciones de mayo para afrontar las decisivas de septiembre en Cataluña y las generales de final de año. Pocos meses, pues, para preparar estrategias, diseñar campañas e intentar convencer a un electorado que, como dice José María Aznar, podrá estar perdido o confundido, pero no cautivo.
Las puertas del verano cogen a unos ayuntamientos y algunas comunidades autónomas sin apenas cumplir los 100 días que se conceden a los gobernantes para que aterricen en el cargo y tomen el pulso de la situación a la que deben hacer frente con las bonitas promesas con las que aseguraron poder resolver cualquier problema.
Y, naturalmente, nada más llegar no van a empezar haciendo lo mismo que la “casta” e irse de vacaciones… Tendrán que lidiar en verano con la falta de recursos, paralizar desahucios, ofrecer servicios y prestaciones a los ciudadanos y demostrar que, efectivamente, otra política es posible sin necesidad de exprimir con impuestos a los vecinos, no caer en sectarismos y evitando “profesionalizarse” en el ejercicio del servicio público vía sueldos escalofriantes, coche oficial, escolta y demás milongas.
En algunos gobiernos regionales y municipales el cambio político ha sido “radical” (según expresión de moda con la que el Partido Popular califica a quienes lo apartan del poder) y las expectativas que despiertan son enormes, directamente proporcional al giro político producido. La confrontación con el Ejecutivo central será inmediata en multitud de materias, sin esperar al descanso vacacional, debido a la implantación de la LOMCE, esa ley educativa promovida con el rechazo de todos los sectores concernidos y que desde algunas comunidades autónomas se ha prometido obstaculizar o aplicar en la menor medida legal posible.
Otro frente abierto de manera instantánea es con Hacienda, que va a exigir sin demora que las cuentas de ayuntamientos y autonomías se adecuen a los parámetros de déficit fijados para el próximo ejercicio, y cuyos presupuestos deberán estar listos en septiembre. Montoro ya ha advertido de que, si no se acatan los límites de deuda fijados, no dudará en intervenir la comunidad o ayuntamiento (ir)responsable. La “movida”en estas Administraciones autonómicas y locales será, por tanto, intensa durante el verano.
Pero es que, con las primeras calores, la Justicia, además, ha propiciado un, no por esperado menos preocupante, sobresalto en relación con el caso de los ERE de Andalucía, amargando las vacaciones a quienes fueron nada menos que presidentes en aquella Comunidad, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otras personalidades.
El Tribunal Supremo los acaba de imputar por sendos delitos de prevaricación a la hora de gestionar la partida presupuestaria andaluza destinada a ayudar a empresas y trabajadores en dificultades, acusándolos de arbitrariedad en la concesión de tales ayudas. La Justicia, que no descansa en su exasperante lentitud, al fin ha alcanzado en plena canícula a la cúspide de los implicados en el mayor y más sostenido en el tiempo (diez años) escándalo de corrupción conocido en Andalucía (al menos, hasta que no finalicen las investigaciones judiciales sobre los cursos de formación), aunque estos ilustres imputados no buscaran su enriquecimiento personal ni les moviera la avaricia o el lucro.
Pero, como dice Soledad Gallego-Díaz en un artículo, asombra que personas sensatas y experimentadas desconozcan que “cuando las subvenciones son arbitrarias, las comisiones son inevitables”. Saltarse la norma y la ley, aún para “dar mayor agilidad” a los procedimientos, es abrir la puerta por donde se cuela una corrupción que a la postre infecta todo el sistema. Estos otrora prohombres de la política en Andalucía, hasta hace nada diputados y senadores de las Cortes Españolas, deberán este verano asumir la responsabilidad que les corresponda, sea cual sea lo que sentencie en su veredicto final el Tribunal Supremo.
Por lo pronto, el auto de imputación del Supremo ha dado la razón a las formaciones emergentes que exigían sus dimisiones antes de consentir cualquier pacto de investidura o de gobierno allí donde tales apoyos eran necesarios. Y tener razón de una parte es restársela a la otra, justo al arranque de una Legislatura sin mayorías absolutas y dependiente de acuerdos puntuales que hagan viable cualquier iniciativa, entre otras, los proyectos de ley de presupuestos. Ello augura más enfrentamientos a varias bandas y con el sudor resbalando por la frente. Y, eso, en los partidos “ganadores” de las últimas elecciones, que si hablamos del “perdedor”…
El Partido Popular lame sus heridas procurando que el “enemigo” siga ubicado en el exterior, acusándolo de todos los males habidos y por haber (extremismo, radicalidad, populismos, independentismo, la herencia recibida, etc.), y no emerja del interior de las propias filas. La adhesión de la “piña” se diluye cuando se pierde el poder, y son muchos los “barones” que se han encontrado de la noche a la mañana sin la voluntaria dedicación remunerada a la política institucional.
Y, claro está, analizan y cuestionan la situación, señalando con el dedo a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, como máximo responsable de la mala suerte. Hasta Aznar, quien lo nombró sucesor al frente del partido, ha roto su silencio para lanzar pullas a la gestión del Gobierno, de la que dice que no tiene un problema de comunicación, como ha querido hacer ver Rajoy para buscar un motivo al descalabro electoral, sino “de respeto, de cuidado, de atención al votante”. Y conmina al Partido Popular a rectificar, volver a las esencias, de manera suficiente, creíble y enérgica, deseándole a Rajoy los mayores éxitos, pero con la advertencia de que ha de ganárselos. A buen entendedor…
Por todo ello, el verano se presenta de aúpa para unos y otros, sin tiempo para el descanso. Y aunque faltan ingredientes perturbadores en este escenario (conflictividad laboral y resistencias para disminuir las cifras del paro, inestabilidad en los mercados a causa de Grecia, nuevas reformas que agudizan la austeridad de las cuentas públicas –ya se habla de abaratar las pensiones y ampliar el periodo de cálculo–, encarecimiento de la factura del petróleo tras la bonanza táctica de los últimos tiempos, ofensiva secesionista en Cataluña, etc.), las posibilidades para un verano relajante, que calme los ánimos, son realmente inexistentes. Sólo cabe esperar que las temperaturas, al menos, se compadezcan de nosotros en este verano infernal. Pero tal como va la cosa, me parece que tampoco.
Las puertas del verano cogen a unos ayuntamientos y algunas comunidades autónomas sin apenas cumplir los 100 días que se conceden a los gobernantes para que aterricen en el cargo y tomen el pulso de la situación a la que deben hacer frente con las bonitas promesas con las que aseguraron poder resolver cualquier problema.
Y, naturalmente, nada más llegar no van a empezar haciendo lo mismo que la “casta” e irse de vacaciones… Tendrán que lidiar en verano con la falta de recursos, paralizar desahucios, ofrecer servicios y prestaciones a los ciudadanos y demostrar que, efectivamente, otra política es posible sin necesidad de exprimir con impuestos a los vecinos, no caer en sectarismos y evitando “profesionalizarse” en el ejercicio del servicio público vía sueldos escalofriantes, coche oficial, escolta y demás milongas.
En algunos gobiernos regionales y municipales el cambio político ha sido “radical” (según expresión de moda con la que el Partido Popular califica a quienes lo apartan del poder) y las expectativas que despiertan son enormes, directamente proporcional al giro político producido. La confrontación con el Ejecutivo central será inmediata en multitud de materias, sin esperar al descanso vacacional, debido a la implantación de la LOMCE, esa ley educativa promovida con el rechazo de todos los sectores concernidos y que desde algunas comunidades autónomas se ha prometido obstaculizar o aplicar en la menor medida legal posible.
Otro frente abierto de manera instantánea es con Hacienda, que va a exigir sin demora que las cuentas de ayuntamientos y autonomías se adecuen a los parámetros de déficit fijados para el próximo ejercicio, y cuyos presupuestos deberán estar listos en septiembre. Montoro ya ha advertido de que, si no se acatan los límites de deuda fijados, no dudará en intervenir la comunidad o ayuntamiento (ir)responsable. La “movida”en estas Administraciones autonómicas y locales será, por tanto, intensa durante el verano.
Pero es que, con las primeras calores, la Justicia, además, ha propiciado un, no por esperado menos preocupante, sobresalto en relación con el caso de los ERE de Andalucía, amargando las vacaciones a quienes fueron nada menos que presidentes en aquella Comunidad, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otras personalidades.
El Tribunal Supremo los acaba de imputar por sendos delitos de prevaricación a la hora de gestionar la partida presupuestaria andaluza destinada a ayudar a empresas y trabajadores en dificultades, acusándolos de arbitrariedad en la concesión de tales ayudas. La Justicia, que no descansa en su exasperante lentitud, al fin ha alcanzado en plena canícula a la cúspide de los implicados en el mayor y más sostenido en el tiempo (diez años) escándalo de corrupción conocido en Andalucía (al menos, hasta que no finalicen las investigaciones judiciales sobre los cursos de formación), aunque estos ilustres imputados no buscaran su enriquecimiento personal ni les moviera la avaricia o el lucro.
Pero, como dice Soledad Gallego-Díaz en un artículo, asombra que personas sensatas y experimentadas desconozcan que “cuando las subvenciones son arbitrarias, las comisiones son inevitables”. Saltarse la norma y la ley, aún para “dar mayor agilidad” a los procedimientos, es abrir la puerta por donde se cuela una corrupción que a la postre infecta todo el sistema. Estos otrora prohombres de la política en Andalucía, hasta hace nada diputados y senadores de las Cortes Españolas, deberán este verano asumir la responsabilidad que les corresponda, sea cual sea lo que sentencie en su veredicto final el Tribunal Supremo.
Por lo pronto, el auto de imputación del Supremo ha dado la razón a las formaciones emergentes que exigían sus dimisiones antes de consentir cualquier pacto de investidura o de gobierno allí donde tales apoyos eran necesarios. Y tener razón de una parte es restársela a la otra, justo al arranque de una Legislatura sin mayorías absolutas y dependiente de acuerdos puntuales que hagan viable cualquier iniciativa, entre otras, los proyectos de ley de presupuestos. Ello augura más enfrentamientos a varias bandas y con el sudor resbalando por la frente. Y, eso, en los partidos “ganadores” de las últimas elecciones, que si hablamos del “perdedor”…
El Partido Popular lame sus heridas procurando que el “enemigo” siga ubicado en el exterior, acusándolo de todos los males habidos y por haber (extremismo, radicalidad, populismos, independentismo, la herencia recibida, etc.), y no emerja del interior de las propias filas. La adhesión de la “piña” se diluye cuando se pierde el poder, y son muchos los “barones” que se han encontrado de la noche a la mañana sin la voluntaria dedicación remunerada a la política institucional.
Y, claro está, analizan y cuestionan la situación, señalando con el dedo a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, como máximo responsable de la mala suerte. Hasta Aznar, quien lo nombró sucesor al frente del partido, ha roto su silencio para lanzar pullas a la gestión del Gobierno, de la que dice que no tiene un problema de comunicación, como ha querido hacer ver Rajoy para buscar un motivo al descalabro electoral, sino “de respeto, de cuidado, de atención al votante”. Y conmina al Partido Popular a rectificar, volver a las esencias, de manera suficiente, creíble y enérgica, deseándole a Rajoy los mayores éxitos, pero con la advertencia de que ha de ganárselos. A buen entendedor…
Por todo ello, el verano se presenta de aúpa para unos y otros, sin tiempo para el descanso. Y aunque faltan ingredientes perturbadores en este escenario (conflictividad laboral y resistencias para disminuir las cifras del paro, inestabilidad en los mercados a causa de Grecia, nuevas reformas que agudizan la austeridad de las cuentas públicas –ya se habla de abaratar las pensiones y ampliar el periodo de cálculo–, encarecimiento de la factura del petróleo tras la bonanza táctica de los últimos tiempos, ofensiva secesionista en Cataluña, etc.), las posibilidades para un verano relajante, que calme los ánimos, son realmente inexistentes. Sólo cabe esperar que las temperaturas, al menos, se compadezcan de nosotros en este verano infernal. Pero tal como va la cosa, me parece que tampoco.
DANIEL GUERRERO
