El Gobierno de España ha anunciado una serie de medidas para la regulación de los medios de comunicación. El pasado martes, 29 de julio, se anunció en una rueda de prensa un resumen del contenido de estas medidas. Según el Ejecutivo, siguen directrices europeas. Una verdad a medias.
En el momento en el que se escriben estas líneas, el proyecto de ley y las demás medidas no se encuentran todavía disponibles en la página correspondiente del Congreso de los Diputados, por lo que es pronto para analizarla o juzgarla por completo. Tampoco está clara la nueva regulación de la publicidad institucional u otras cuestiones fundamentales. Solo contamos con la nota de prensa, que puede leerse aquí. Sin embargo, el contenido ya conocido resulta bastante inquietante.
Por supuesto, hay medidas positivas. Habrá un registro de medios que garantizaría la debida transparencia de los mismos, dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). También se plantean otras medidas que, con seguridad, beneficiarán a la ciudadanía, en la línea del Reglamento Europeo de Servicios Digitales.
La CNMC se convertiría en una suerte de gestor del ámbito comunicativo, independiente en apariencia. Así, de acuerdo con la nota de prensa: “le otorga a este organismo amplias competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre los servicios digitales intermediarios, aquellos que facilitan la transmisión de datos, el acceso a contenido digital o la conexión entre usuarios y proveedores de bienes o servicios en línea”.
Sin embargo, hemos de recordar que es un órgano “independiente” pero, como establece el artículo 15 de Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: “Los miembros del Consejo, y entre ellos el Presidente y el Vicepresidente, serán nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la Comisión, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados”.
Por otro lado, en línea con las exigencias europeas, se plantean reformas normativas que facilitarían la labor a la CNMC. Si bien, está por ver si tendría todos los recursos pertinentes para la ejecución efectiva de las medidas más beneficiosas para la ciudadanía.
Un planteamiento inquietante es la que tiene que ver con la desconcentración de los medios. Una vieja reivindicación del progresismo español es que se adoptaran acciones para evitar la concentración de los medios en unas pocas manos. De hecho, las últimas reformas legislativas en la materia no habían hecho más que aumentar las posibilidades de concentración.
La Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 amplió las proporciones de la ley anterior. Así, en televisión, se estableció como límite: “cuando la audiencia media del conjunto de los canales de los prestadores de ámbito estatal considerados supere el 27% de la audiencia total durante los doce meses consecutivos anteriores a la adquisición”. En cuanto a la radiodifusión, se limitaron las licencias: “En todo caso, una misma persona física o jurídica, no podrá controlar más de cinco licencias en un mismo ámbito de cobertura”.
En esta dirección, la propuesta dice pretender acabar con esta situación. Sin embargo, en vez de establecer unas reglas claras en términos legislativos como en el pasado, todo parece apuntar a que quedaría en manos de la interpretación y la evaluación de la CNMC: “se establecen las líneas básicas de un nuevo procedimiento liderado por la CNMC para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios, que se desarrollará reglamentariamente, con el fin de garantizar el pluralismo y la independencia editorial de los mismos”.
Es cierto que Europa urgía a adoptar ciertas medidas. El Reglamento (UE) 2022/2065 llama a una “supervisión pública y reguladora”. Sin duda, la CNMC puede ser un organismo pertinente para garantizar ciertos derechos. Sin embargo, ninguna norma europea establece que sea este organismo el encargado de decidir sobre cuestiones de propiedad de medios de comunicación, sino que es una iniciativa nacional.
De hecho, solo había tenido competencias evaluadoras desde 2013. En este punto, el Gobierno pretende incrementar las competencias del CNMC por iniciativa propia. Legítimo, pero éticamente discutible. Por otro lado, la normativa también exige que la autoridad reguladora actúe con independencia. Algo que resulta, como mínimo, cuestionable en el caso de la CNMC.
Hay que ser prudentes, puesto que al asunto le queda bastante trámite parlamentario y normativo todavía. Sin embargo, todo parece apuntar a que, lejos de garantizar la pluralidad, aprovechándose de las exigencias europeas, estas medidas siguen la línea autoritaria a la que tan acostumbrados estamos.
Haereticus dixit
En el momento en el que se escriben estas líneas, el proyecto de ley y las demás medidas no se encuentran todavía disponibles en la página correspondiente del Congreso de los Diputados, por lo que es pronto para analizarla o juzgarla por completo. Tampoco está clara la nueva regulación de la publicidad institucional u otras cuestiones fundamentales. Solo contamos con la nota de prensa, que puede leerse aquí. Sin embargo, el contenido ya conocido resulta bastante inquietante.
Por supuesto, hay medidas positivas. Habrá un registro de medios que garantizaría la debida transparencia de los mismos, dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). También se plantean otras medidas que, con seguridad, beneficiarán a la ciudadanía, en la línea del Reglamento Europeo de Servicios Digitales.
La CNMC se convertiría en una suerte de gestor del ámbito comunicativo, independiente en apariencia. Así, de acuerdo con la nota de prensa: “le otorga a este organismo amplias competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre los servicios digitales intermediarios, aquellos que facilitan la transmisión de datos, el acceso a contenido digital o la conexión entre usuarios y proveedores de bienes o servicios en línea”.
Sin embargo, hemos de recordar que es un órgano “independiente” pero, como establece el artículo 15 de Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: “Los miembros del Consejo, y entre ellos el Presidente y el Vicepresidente, serán nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la Comisión, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados”.
Por otro lado, en línea con las exigencias europeas, se plantean reformas normativas que facilitarían la labor a la CNMC. Si bien, está por ver si tendría todos los recursos pertinentes para la ejecución efectiva de las medidas más beneficiosas para la ciudadanía.
Un planteamiento inquietante es la que tiene que ver con la desconcentración de los medios. Una vieja reivindicación del progresismo español es que se adoptaran acciones para evitar la concentración de los medios en unas pocas manos. De hecho, las últimas reformas legislativas en la materia no habían hecho más que aumentar las posibilidades de concentración.
La Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 amplió las proporciones de la ley anterior. Así, en televisión, se estableció como límite: “cuando la audiencia media del conjunto de los canales de los prestadores de ámbito estatal considerados supere el 27% de la audiencia total durante los doce meses consecutivos anteriores a la adquisición”. En cuanto a la radiodifusión, se limitaron las licencias: “En todo caso, una misma persona física o jurídica, no podrá controlar más de cinco licencias en un mismo ámbito de cobertura”.
En esta dirección, la propuesta dice pretender acabar con esta situación. Sin embargo, en vez de establecer unas reglas claras en términos legislativos como en el pasado, todo parece apuntar a que quedaría en manos de la interpretación y la evaluación de la CNMC: “se establecen las líneas básicas de un nuevo procedimiento liderado por la CNMC para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios, que se desarrollará reglamentariamente, con el fin de garantizar el pluralismo y la independencia editorial de los mismos”.
Es cierto que Europa urgía a adoptar ciertas medidas. El Reglamento (UE) 2022/2065 llama a una “supervisión pública y reguladora”. Sin duda, la CNMC puede ser un organismo pertinente para garantizar ciertos derechos. Sin embargo, ninguna norma europea establece que sea este organismo el encargado de decidir sobre cuestiones de propiedad de medios de comunicación, sino que es una iniciativa nacional.
De hecho, solo había tenido competencias evaluadoras desde 2013. En este punto, el Gobierno pretende incrementar las competencias del CNMC por iniciativa propia. Legítimo, pero éticamente discutible. Por otro lado, la normativa también exige que la autoridad reguladora actúe con independencia. Algo que resulta, como mínimo, cuestionable en el caso de la CNMC.
Hay que ser prudentes, puesto que al asunto le queda bastante trámite parlamentario y normativo todavía. Sin embargo, todo parece apuntar a que, lejos de garantizar la pluralidad, aprovechándose de las exigencias europeas, estas medidas siguen la línea autoritaria a la que tan acostumbrados estamos.
Haereticus dixit
RAFAEL SOTO ESCOBAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)
