Han hallado, por fin, un caso de corrupción que afecta al Gobierno que había prometido acabar, precisamente, con la corrupción y que accedió al poder tras la condena por corrupción, a título lucrativo, del partido que sustentaba el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Desde aquella moción de censura que la apeó del machito de forma inesperada —la primera vez en democracia que eso sucedía—, la derecha no ha cejado en buscar o inventar motivos con los que acusar al Gobierno socialista de toda clase de males y desgracias inimaginables. Así, desde el primer día, hasta hoy.
En un principio se aludió a que los socialistas no habían ganado las elecciones porque no fueron el partido más votado. Luego, que ese Gobierno había traicionado a la patria por aliarse con formaciones nacionalistas y soberanistas, de izquierdas y de derechas, representadas legalmente en el Parlamento.
Posteriormente, se acusó al Gobierno progresista de haber comprado tales apoyos parlamentarios mediante una amnistía a los condenados por el procés catalán. Incluso sostuvieron que era el Gobierno el que mantenía secuestrado al Consejo General del Poder Judicial, impidiendo su renovación tras más de un lustro con el mandato caducado.
Y que, en fin, después de varias elecciones generales, el Gobierno seguía siendo ilegítimo, indigno, dictatorial e inmoral por “okupar” un poder que la derecha considera suyo. Y descarga la culpa de ello a la ambición patológica del presidente, Pedro Sánchez, por su afán de permanecer en el Gobierno a cualquier precio.
De ahí que califiquen peyorativamente de "sanchismo" a los sucesivos gobiernos que el Partido Socialista Obrero Español ha formado en coalición con Podemos y Sumar. Y esa es la razón de que, a dos por año, la derecha haya convocado multitudinarias manifestaciones y concentraciones callejeras para exigir ruidosamente la dimisión del Gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones.
También, al principio, se esgrimió que el líder conservador no gobernaba porque no quería, aunque no consiguiera, como intentó en el debate de investidura, el refrendo mayoritario de la Cámara. Y que no estaba dispuesto a gobernar como sea, a pesar de contar con el apoyo insuficiente de la extrema derecha, con la que ya había pactado gobiernos en muchas comunidades autónomas.
Al mismo tiempo, se empeñó en denunciar que la economía y el país iban de mal en peor, aunque los datos macroeconómicos, las cifras del paro y otras magnitudes socioeconómicas reflejasen cosa distinta. Su catastrofismo no se correspondía con la realidad.
Y cuando ni los más negros augurios sirvieron para desbancar al inquilino de La Moncloa, la derecha comenzó a hacer uso de la imaginería de las insinuaciones, las acusaciones sin pruebas, las informaciones incompletas, las mentiras ramplonas y los bulos para poder armar una opinión pública contraria al Gobierno y convencerla de la necesidad de nuevas elecciones. Se acostumbró, desde entonces, a utilizar como munición política las acusaciones falsas o sin demostrar.
La cosa empezó pronto. Nada más ser elegido secretario general del PSOE, la derecha inicia una campaña de acoso y derribo contra Pedro Sánchez, en la que atacaba incluso a su entorno personal. Fue cuando un excomisario, famoso por sus grabaciones de extorsión, afirmó que un negocio de sauna del padre de su mujer había sido utilizado en operaciones policiales. Los medios afines recogieron las insinuaciones del comisario con el siguiente titular: “El suegro de Pedro Sánchez y la prostitución gay”.
Esa campaña de desprestigio aumentó de intensidad cuando Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno. Los tiros apuntaron entonces a su esposa, Begoña Gómez, una mujer que ha seguido ejerciendo su actividad profesional, sin limitarse a ser simplemente la esposa del presidente del Gobierno, con una trayectoria de años al frente del África Center del Instituto de Empresa, una universidad privada.
El pseudosindicato Manos Limpias la acusó de presuntos delitos de influencias y corrupción privada por haber firmado una serie de cartas de recomendación a favor del empresario y codirector de la cátedra que ella dirigía. A los dos días se personaron en el caso, como acusación personal, la organización Hazte Oír y el partido Vox, ambos de extrema derecha. También la vincularon con el rescate de la compañía Air Europa. Todo está por ver.
Paralelamente, las acusaciones de la derecha enfilaron al hermano del presidente, David Sánchez, también conocido en el ámbito musical como David Azagra. Denunciaron que su contrato con la Diputación de Badajoz para ocupar la plaza de coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, plaza posteriormente denominada como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, era ilegal.
La denuncia partió, otra vez, de Manos Limpias por, supuestamente, incumplir los requisitos legales para el acceso a empleos públicos. También se personaron en el caso Vox y el Partido Popular, representantes de la extrema derecha y la derecha extrema, respectivamente. Con semejante presión mediática, política y judicial, el acusado decidió presentar su dimisión, lo que no evita que el asunto siga dando vueltas por los juzgados.
Y es que, por debilitar al Gobierno, se ha denunciado, incluso, al fiscal general del Estado de haber filtrado a la prensa datos secretos sobre un investigado por Hacienda a causa de un fraude admitido por el propio defraudador, quien resulta ser, casualmente, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la líder conservadora que con mayor ahínco confronta con el Gobierno. Un caso más para esa derecha que siempre ha considerado que el Gobierno surgido por una mayoría parlamentaria no era legítimo.
Sin embargo, nada de lo anterior ha sido eficaz para los objetivos de la derecha, hasta que, por fin, se ha descubierto un verdadero caso gravísimo de corrupción que afecta al PSOE y al Gobierno, y podría definitivamente tumbar al Ejecutivo.
Una corrupción que, como todas, se vale de adjudicaciones públicas para favorecer a determinadas empresas que, en contrapartida, reparten sustanciosas comisiones, llamadas vulgarmente “mordidas”, a sus benefactores políticos.
Todas las tramas de corrupción conocidas en este país se basan en el mismo método de detraer fondos públicos para enriquecer bolsillos o intereses privados, llámense Gürtel, Púnica, los ERE, Zaplana, Bárcenas, Ábalos o Koldo.
Antes de la democracia, la corrupción era la norma. Con la democracia es la excepción, pero continúa existiendo, aparte de las avaricias individuales, porque es una forma de financiación ilegal de partidos políticos que confunden la Administración pública con su chiringuito particular.
Desgraciadamente, es lo que ha vuelto a suceder bajo el Gobierno de Pedro Sánchez y lo que podría malograr su continuidad al frente del partido y del Ejecutivo. Porque es la guinda que le faltaba a sus opositores para abatirlo y conseguir el adelanto de las elecciones, esta vez sin mentiras, bulos o denuncias falsas.
Si así fuera, el Gobierno caerá por deméritos propios y no por méritos de sus adversarios. Pero también por ignorar la ilusión, la confianza y las convicciones de cuantos creyeron en su ejemplaridad y votaron sus siglas. Votantes y simpatizantes que hoy sienten vergüenza por ver al Gobierno que iba acabar con la corrupción cometiendo el mismo pecado que decía combatir.
Una vergüenza que ruboriza el rostro de quien escucha las grabaciones entre el ya exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, un exministro, Ábalos, y su chófer, Koldo, para repartirse “mordidas” y “colocar” a amigas y amantes en empresas públicas. Provocan náuseas.
Lo triste del caso es que esas “prácticas corruptas siguieran creciendo al amparo de la defensa incondicional de los gobernantes y los dirigentes del PSOE hecha por sus seguidores y electores”, como escribió en 1994 Javier Pradera y cita Jordi Amat en su columna de El País.
Porque es triste y preocupante esa frustración y desengaño que la corrupción provoca en quienes confiaron en un Gobierno que quiso simbolizar la honradez y la transparencia en su gestión y que ha aprobado leyes tan relevantes como la del aumento del salario mínimo, el Ingreso Mínimo Vital, la ley de eutanasia, la de protección a la infancia, la reforma laboral que incentiva el contrato indefinido, la del cambio climático, contra la violencia machista, la de libertad sexual, la reforma de la educación y la formación profesional, la actualización de las pensiones y un largo etcétera de materias progresistas de izquierdas que corregían desigualdades y ampliaban derechos en nuestra sociedad.
Todas esas ilusiones y esperanzas han sido barridas de las expectativas de los ciudadanos que confiaron en un Gobierno que ha sufrido una cacería salvaje para derribarlo desde el primer minuto y que él solo se ha puesto en la diana para ser abatido por corrupción.
A menos que adopte medidas drásticas y ejemplarizantes contra los corruptos y los corruptores. Y que acometa de verdad esa prometida regeneración democrática de nuestro sistema político y dirima responsabilidades sin importar quien caiga.
Y ello es posible porque la ausencia de menciones a Pedro Sánchez en esas grabaciones brinda la posibilidad de enarbolar su inocencia y resarcirse del golpe a su credibilidad y honestidad. Todavía, que se sepa, su nombre no ha aparecido como antes sí lo hacía un tal M. Rajoy. Y por eso cayó. ¿Caerá también Sánchez?
Desde aquella moción de censura que la apeó del machito de forma inesperada —la primera vez en democracia que eso sucedía—, la derecha no ha cejado en buscar o inventar motivos con los que acusar al Gobierno socialista de toda clase de males y desgracias inimaginables. Así, desde el primer día, hasta hoy.
En un principio se aludió a que los socialistas no habían ganado las elecciones porque no fueron el partido más votado. Luego, que ese Gobierno había traicionado a la patria por aliarse con formaciones nacionalistas y soberanistas, de izquierdas y de derechas, representadas legalmente en el Parlamento.
Posteriormente, se acusó al Gobierno progresista de haber comprado tales apoyos parlamentarios mediante una amnistía a los condenados por el procés catalán. Incluso sostuvieron que era el Gobierno el que mantenía secuestrado al Consejo General del Poder Judicial, impidiendo su renovación tras más de un lustro con el mandato caducado.
Y que, en fin, después de varias elecciones generales, el Gobierno seguía siendo ilegítimo, indigno, dictatorial e inmoral por “okupar” un poder que la derecha considera suyo. Y descarga la culpa de ello a la ambición patológica del presidente, Pedro Sánchez, por su afán de permanecer en el Gobierno a cualquier precio.
De ahí que califiquen peyorativamente de "sanchismo" a los sucesivos gobiernos que el Partido Socialista Obrero Español ha formado en coalición con Podemos y Sumar. Y esa es la razón de que, a dos por año, la derecha haya convocado multitudinarias manifestaciones y concentraciones callejeras para exigir ruidosamente la dimisión del Gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones.
También, al principio, se esgrimió que el líder conservador no gobernaba porque no quería, aunque no consiguiera, como intentó en el debate de investidura, el refrendo mayoritario de la Cámara. Y que no estaba dispuesto a gobernar como sea, a pesar de contar con el apoyo insuficiente de la extrema derecha, con la que ya había pactado gobiernos en muchas comunidades autónomas.
Al mismo tiempo, se empeñó en denunciar que la economía y el país iban de mal en peor, aunque los datos macroeconómicos, las cifras del paro y otras magnitudes socioeconómicas reflejasen cosa distinta. Su catastrofismo no se correspondía con la realidad.
Y cuando ni los más negros augurios sirvieron para desbancar al inquilino de La Moncloa, la derecha comenzó a hacer uso de la imaginería de las insinuaciones, las acusaciones sin pruebas, las informaciones incompletas, las mentiras ramplonas y los bulos para poder armar una opinión pública contraria al Gobierno y convencerla de la necesidad de nuevas elecciones. Se acostumbró, desde entonces, a utilizar como munición política las acusaciones falsas o sin demostrar.
La cosa empezó pronto. Nada más ser elegido secretario general del PSOE, la derecha inicia una campaña de acoso y derribo contra Pedro Sánchez, en la que atacaba incluso a su entorno personal. Fue cuando un excomisario, famoso por sus grabaciones de extorsión, afirmó que un negocio de sauna del padre de su mujer había sido utilizado en operaciones policiales. Los medios afines recogieron las insinuaciones del comisario con el siguiente titular: “El suegro de Pedro Sánchez y la prostitución gay”.
Esa campaña de desprestigio aumentó de intensidad cuando Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno. Los tiros apuntaron entonces a su esposa, Begoña Gómez, una mujer que ha seguido ejerciendo su actividad profesional, sin limitarse a ser simplemente la esposa del presidente del Gobierno, con una trayectoria de años al frente del África Center del Instituto de Empresa, una universidad privada.
El pseudosindicato Manos Limpias la acusó de presuntos delitos de influencias y corrupción privada por haber firmado una serie de cartas de recomendación a favor del empresario y codirector de la cátedra que ella dirigía. A los dos días se personaron en el caso, como acusación personal, la organización Hazte Oír y el partido Vox, ambos de extrema derecha. También la vincularon con el rescate de la compañía Air Europa. Todo está por ver.
Paralelamente, las acusaciones de la derecha enfilaron al hermano del presidente, David Sánchez, también conocido en el ámbito musical como David Azagra. Denunciaron que su contrato con la Diputación de Badajoz para ocupar la plaza de coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, plaza posteriormente denominada como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, era ilegal.
La denuncia partió, otra vez, de Manos Limpias por, supuestamente, incumplir los requisitos legales para el acceso a empleos públicos. También se personaron en el caso Vox y el Partido Popular, representantes de la extrema derecha y la derecha extrema, respectivamente. Con semejante presión mediática, política y judicial, el acusado decidió presentar su dimisión, lo que no evita que el asunto siga dando vueltas por los juzgados.
Y es que, por debilitar al Gobierno, se ha denunciado, incluso, al fiscal general del Estado de haber filtrado a la prensa datos secretos sobre un investigado por Hacienda a causa de un fraude admitido por el propio defraudador, quien resulta ser, casualmente, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la líder conservadora que con mayor ahínco confronta con el Gobierno. Un caso más para esa derecha que siempre ha considerado que el Gobierno surgido por una mayoría parlamentaria no era legítimo.
Sin embargo, nada de lo anterior ha sido eficaz para los objetivos de la derecha, hasta que, por fin, se ha descubierto un verdadero caso gravísimo de corrupción que afecta al PSOE y al Gobierno, y podría definitivamente tumbar al Ejecutivo.
Una corrupción que, como todas, se vale de adjudicaciones públicas para favorecer a determinadas empresas que, en contrapartida, reparten sustanciosas comisiones, llamadas vulgarmente “mordidas”, a sus benefactores políticos.
Todas las tramas de corrupción conocidas en este país se basan en el mismo método de detraer fondos públicos para enriquecer bolsillos o intereses privados, llámense Gürtel, Púnica, los ERE, Zaplana, Bárcenas, Ábalos o Koldo.
Antes de la democracia, la corrupción era la norma. Con la democracia es la excepción, pero continúa existiendo, aparte de las avaricias individuales, porque es una forma de financiación ilegal de partidos políticos que confunden la Administración pública con su chiringuito particular.
Desgraciadamente, es lo que ha vuelto a suceder bajo el Gobierno de Pedro Sánchez y lo que podría malograr su continuidad al frente del partido y del Ejecutivo. Porque es la guinda que le faltaba a sus opositores para abatirlo y conseguir el adelanto de las elecciones, esta vez sin mentiras, bulos o denuncias falsas.
Si así fuera, el Gobierno caerá por deméritos propios y no por méritos de sus adversarios. Pero también por ignorar la ilusión, la confianza y las convicciones de cuantos creyeron en su ejemplaridad y votaron sus siglas. Votantes y simpatizantes que hoy sienten vergüenza por ver al Gobierno que iba acabar con la corrupción cometiendo el mismo pecado que decía combatir.
Una vergüenza que ruboriza el rostro de quien escucha las grabaciones entre el ya exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, un exministro, Ábalos, y su chófer, Koldo, para repartirse “mordidas” y “colocar” a amigas y amantes en empresas públicas. Provocan náuseas.
Lo triste del caso es que esas “prácticas corruptas siguieran creciendo al amparo de la defensa incondicional de los gobernantes y los dirigentes del PSOE hecha por sus seguidores y electores”, como escribió en 1994 Javier Pradera y cita Jordi Amat en su columna de El País.
Porque es triste y preocupante esa frustración y desengaño que la corrupción provoca en quienes confiaron en un Gobierno que quiso simbolizar la honradez y la transparencia en su gestión y que ha aprobado leyes tan relevantes como la del aumento del salario mínimo, el Ingreso Mínimo Vital, la ley de eutanasia, la de protección a la infancia, la reforma laboral que incentiva el contrato indefinido, la del cambio climático, contra la violencia machista, la de libertad sexual, la reforma de la educación y la formación profesional, la actualización de las pensiones y un largo etcétera de materias progresistas de izquierdas que corregían desigualdades y ampliaban derechos en nuestra sociedad.
Todas esas ilusiones y esperanzas han sido barridas de las expectativas de los ciudadanos que confiaron en un Gobierno que ha sufrido una cacería salvaje para derribarlo desde el primer minuto y que él solo se ha puesto en la diana para ser abatido por corrupción.
A menos que adopte medidas drásticas y ejemplarizantes contra los corruptos y los corruptores. Y que acometa de verdad esa prometida regeneración democrática de nuestro sistema político y dirima responsabilidades sin importar quien caiga.
Y ello es posible porque la ausencia de menciones a Pedro Sánchez en esas grabaciones brinda la posibilidad de enarbolar su inocencia y resarcirse del golpe a su credibilidad y honestidad. Todavía, que se sepa, su nombre no ha aparecido como antes sí lo hacía un tal M. Rajoy. Y por eso cayó. ¿Caerá también Sánchez?
DANIEL GUERRERO
FOTOGRAFÍA: PSOE
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