La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado 888.060 euros a la provincia de Córdoba –59.204 en el caso de Baena– para la financiación de los equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección que operan en la Diputación provincial y en los ocho ayuntamientos de municipios con más de 20.000 habitantes. Este año, en toda Andalucía se invertirán más de 13,7 millones de euros (13.794.607 euros).
Esta cuantía cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023, según establece la Orden que ha publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 23 de febrero. En concreto, en el caso de Córdoba, los fondos se repartirán entre la Diputación provincial (236.816 euros) y los ayuntamientos de Córdoba, que recibe la misma cantidad que la Diputación, Baena, Cabra, Lucena, Montilla, Palma del Río, Priego y Puente Genil, que contarán 59.204 euros cada uno.
Este programa tiene como objetivo proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección, un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores.
Se trata de preservar los derechos de los niños y niñas, promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar; y posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores.
En la actualidad, estos equipos para el tratamiento a familias están integrados por 462 técnicos y 92 coordinadoras que actúan en 84 municipios de más de 20.000 habitantes y en las 8 diputaciones provinciales con el objetivo de mejorar las condiciones de las familias en situación de riesgo social, de manera que puedan ejercer adecuadamente sus funciones parentales y evitar la separación de padres, madres, hijos e hijas.
Para el delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio López, los equipos de tratamiento familiar son una pieza clave del sistema de protección de los y las menores, y así aparece recogido en la nueva Ley de Infancia, “que apuesta de forma decidida por la colaboración con las familias andaluzas, en especial las que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo siempre en mente de proteger a esos menores y detectar aquellas situaciones de riesgo que les amenazan”.
Asimismo, y tras destacar la labor de estos profesionales multidisciplinares, ha recordado que las intervenciones llevadas a cabo a través de estos equipos evitan en más del 80 por ciento de los casos la separación del medio familiar, “por lo que los y las menores pueden permanecer en su hogar, con los suyos, como es nuestro objetivo”.
“Son unos datos que nos reafirman en la necesidad de extender y consolidar la red de equipos de tratamiento familiar y los programas y recursos de apoyo a las familias”, ha resaltado López, para avanzar que su Consejería ya trabaja en un nuevo decreto que regule este programa de tratamiento a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección.
“Nuestro objetivo es acompasar este programa a la ley de Infancia o al Procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA)”, ha indicado el responsable territorial de políticas sociales, “afianzando la continuidad del servicio y dando estabilidad a los equipos”.
Esta cuantía cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023, según establece la Orden que ha publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 23 de febrero. En concreto, en el caso de Córdoba, los fondos se repartirán entre la Diputación provincial (236.816 euros) y los ayuntamientos de Córdoba, que recibe la misma cantidad que la Diputación, Baena, Cabra, Lucena, Montilla, Palma del Río, Priego y Puente Genil, que contarán 59.204 euros cada uno.
Este programa tiene como objetivo proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección, un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores.
Se trata de preservar los derechos de los niños y niñas, promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar; y posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores.
En la actualidad, estos equipos para el tratamiento a familias están integrados por 462 técnicos y 92 coordinadoras que actúan en 84 municipios de más de 20.000 habitantes y en las 8 diputaciones provinciales con el objetivo de mejorar las condiciones de las familias en situación de riesgo social, de manera que puedan ejercer adecuadamente sus funciones parentales y evitar la separación de padres, madres, hijos e hijas.
Para el delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio López, los equipos de tratamiento familiar son una pieza clave del sistema de protección de los y las menores, y así aparece recogido en la nueva Ley de Infancia, “que apuesta de forma decidida por la colaboración con las familias andaluzas, en especial las que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo siempre en mente de proteger a esos menores y detectar aquellas situaciones de riesgo que les amenazan”.
Asimismo, y tras destacar la labor de estos profesionales multidisciplinares, ha recordado que las intervenciones llevadas a cabo a través de estos equipos evitan en más del 80 por ciento de los casos la separación del medio familiar, “por lo que los y las menores pueden permanecer en su hogar, con los suyos, como es nuestro objetivo”.
“Son unos datos que nos reafirman en la necesidad de extender y consolidar la red de equipos de tratamiento familiar y los programas y recursos de apoyo a las familias”, ha resaltado López, para avanzar que su Consejería ya trabaja en un nuevo decreto que regule este programa de tratamiento a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección.
“Nuestro objetivo es acompasar este programa a la ley de Infancia o al Procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA)”, ha indicado el responsable territorial de políticas sociales, “afianzando la continuidad del servicio y dando estabilidad a los equipos”.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
