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12 de noviembre de 2020

  • 12.11.20
¿Cómo se explica que un Gobierno al que no le importa dialogar con proetarras y sediciosos en prisión no quiera ahora dialogar con los representantes de los profesionales del Periodismo? Por supuesto, hay que combatir las fake news, pero son la Justicia y las organizaciones profesionales que representan a los periodistas y que regulan la profesión los que deben velar por la salud informativa del país.


Empecemos por una definición. La Comisión Europea, parte interesada como veremos más adelante, define las fake news como “información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público”.

Esta definición incluye dos obviedades que, a menudo, se obvian. La primera es que se trata de una pieza informativa, que no de opinión. Por tanto, desde un punto de vista jurídico, afecta al derecho reconocido en el artículo 20.1 d) de la Constitución, de “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” y, en ningún caso, al artículo 20.1 a), referido a la libertad de expresión, que también peligra. Obsérvese que ambas son libertades blindadísimas en la Carta Magna.

La segunda obviedad que suele obviarse, y es la más importante, es que una fake news es una noticia falsa, pero no en el sentido de ser errónea. O sea, una noticia equivocada o un reportaje con datos erróneos no es una fake news en sentido estricto, sino un texto informativo intencionadamente erróneo. Este punto es vital.

Por tanto, una fake news no es un texto de opinión que desagrade, ni una información que uno considere que es falsa o tendenciosa. Es una pieza informativa, o al menos en apariencia, que tiene como intencionalidad engañar en términos absolutos, o usando medias verdades.

Sin embargo, es esta segunda obviedad la que nos debe preocupar. En primer lugar, ¿cómo puedes estar seguro de la intencionalidad de nadie? En segundo lugar, ¿qué es verdad y qué no lo es? ¿Una verdad a medias hace pasable lo que no lo es? En según qué casos, entramos en el engorroso umbral de la Filosofía, que resulta bella para la reflexión, pero de difícil aplicación jurídica.

Noticias falsas, que no erróneas, ha habido siempre. Y casi siempre con la misma intencionalidad, que es beneficiar a un bando político o ideológico, y/o atacar a otro. Incluso se ha usado para atacar pueblos, razas y etnias.

¿Por qué son un problema ahora? La respuesta rápida, sencilla e interesada es que la culpa la tiene la proliferación de información en redes sociales, que desinforma a la población. Sin embargo, esa es una verdad bastante discutible.

Sin duda, las redes sociales han aumentado el flujo de información, pero no han creado nada que antes no existiera. La gran complicación es que esa información ya no se puede controlar. Un medio de comunicación tradicional tiene que pasar por un registro. Un blog o un pseudomedio digital, no.

Es más, cualquiera con ciertos conocimientos informáticos o con dinero para contratar a los que los tengan puede crear un medio digital de la noche a la mañana, con información de interés general veraz, salpimentada con mayores o menores cantidades de noticias falsas.

Ahora bien, he aquí la auténtica preocupación de Europa: las fake news han hecho ganar y perder elecciones, y nada menos que en EE.UU., como vimos con Donald Trump en su día. La injerencia rusa es un hecho poco debatible y los populismos están aprovechando una coyuntura favorable para aumentar sus filas. Y la falta de formación e interés por formarse de muchas personas han llevado a una ausencia creciente de capacidad crítica, que no de criticar.

Sin embargo, tal y como vaticinó Byung-Chul Han, en este caos, la tendencia no es reforzar el Estado de Derecho y dotarlo de recursos. La tendencia es avanzar hacia un Estado cada vez más autoritario. El sueño húmedo de Pedro Sánchez.

Solo el Poder Judicial y la propia profesión, a través de sus colegios profesionales y organizaciones, tienen legitimidad para combatir las fake news en democracia. La Justicia ya tiene herramientas para ello, si bien admito que son mejorables. Asimismo, ya hay proyectos interesantes como The Trust Project.

Sin embargo, ni esa ha sido la senda europea, ni está siendo la española. De acuerdo con el art. 3 de la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, son instituciones o unidades gubernamentales las encargadas de responder, entre otras, a esas preguntas a las que hacíamos mención: ¿Cómo puedes estar seguro de la intencionalidad de nadie? ¿Qué es verdad y qué no lo es? ¿Una verdad a medias hace pasable lo que no lo es?

Terrorífico desde el punto de vista democrático. Dependeríamos de la buena voluntad de cada Gobierno. ¿Nos parecería así de bien si la respuesta a esas preguntas dependiera de personas como Ángel Acebes o Jorge Fernández Díaz?

En el texto no hay ni una sola referencia a organizaciones profesionales, como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) o la Red de Colegios Profesionales de Periodistas.

De hecho, esta última señaló que consideraba “inaceptable” que la Orden 1030/2020 no reconociera a los periodistas y a las corporaciones de derecho público que les representan el “papel esencial en la lucha contra la desinformación” que sí atribuye a “los medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general”.

Por su parte, la FAPE se ha mostrado preocupada por la medida, afirmando que: “La disposición publicada en el BOE deja en el aire varios aspectos importantes que nos suscitan una profunda preocupación por las eventuales consecuencias que pueda acarrear al libre ejercicio del periodismo”.

¿Serán organizaciones ‘fachas’ la FAPE y la Red de Colegios Profesionales de Periodistas? Y en lo que toca a la Justicia, la encontramos exhausta, falta de recursos y hastiada de los intentos partidistas de desacreditarla. Y, ahora, se le relega de su función de juzgar.

Los forofos del Gobierno del cambio –como si no lo fueran todos–, se escudan en el mandato europeo. Un mandato de la Comisión Europea motivada por el supuesto peligro que supone para la democracia este tipo de informaciones. Una mentira como un piano, pero útil como justificación.

A la Comisión, al igual que al Gobierno progresista, les importa muy poco la salud democrática europea, el bienestar de su gente y sus opiniones, siempre y cuando se vote ‘correctamente’. Lo que les preocupa es la injerencia de países extranjeros u otras fuerzas, como muchos de ellos mismos han hecho en otros países. Lo que les preocupa es perder sus privilegios. Y prueba de ello es que la censura, pues esto no es otra cosa por mal que suene, quedará en manos gubernamentales.

Todo lo europeo suena bien. Es como hace unos años el Tribunal Constitucional en España, hasta su descrédito por mérito propio. Todo lo que vaya bendecido por Europa es visto por una mayoría de la población como algo positivo. Y eso no es cierto, como puede atestiguar cualquier griego.

España es el país más incumplidor de Europa. Hasta tal punto que ha suscitado el interés de no pocos investigadores. Nuestro país paga multas copiosas todos los años por su retraso en adoptar o adaptar las medidas impuestas por Europa. ¿Es una casualidad la prisa por cumplir con esta medida en concreto? Dejemos el forofismo en el estadio, por favor.

La única forma eficaz y ética de luchar contra las fake news es a través de una combinación de factores. El primero, y más importante, es la formación de las personas. Cuanta mayor capacidad crítica, mayor capacidad de distinguir lo que es veraz, de lo que no, menor efecto tendrán las fake news. Y, por lo pronto, el Gobierno progresista no solo no está reforzando y dando importancia al pensamiento crítico en la Educación, sino que quiere eliminar la asignatura de Ética. Ni el PP se atrevió a tal cosa. Estos ‘fachas’...

El segundo factor es el ejemplo de los propios partidos políticos. Y estamos hablando de un Gobierno cuya ética comunicativa le permite el uso de bots en redes sociales. El tercer factor es el de dignificar y dotar a las organizaciones profesionales para que puedan hacer valer los principios deontológicos de la profesión periodística.

Por último, dotar de mejores herramientas legales a la Justicia y, por supuesto, de los recursos necesarios para agilizar denuncias y la imposición de penas. Una acción que, además, tiene que coordinarse a nivel internacional para garantizar su cumplimiento en un mundo globalizado, con unas redes globales.

Hay que combatir las fake news, nadie lo duda. Pero el procedimiento iniciado por el Gobierno no ofrece suficientes garantías democráticas, por mucha Europa que haya de por medio. Y de paso, ningunea a los propios profesionales de la Comunicación y a la Justicia. Nos jugamos nuestros derechos fundamentales. Y los estamos regalando por puro forofismo hispano.

Haereticus dixit.

RAFAEL SOTO

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