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20 de septiembre de 2020

  • 20.9.20
Futuro Singular, la fundación provincial que trabaja en favor de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, ante los efectos que la crisis sanitaria de la covid-19 ha generado en la atención a estas personas, ha demandado a las administraciones públicas una normativa y medidas específicas para los servicios destinados a este colectivo "funcionen con normalidad lo antes posible".

El colectivo –que cuenta con centros en Baena, Castro del Río, Córdoba, Montilla, Palma del Río y Peñarroya-Pueblonuevo– ha lamentado que, como ocurre en muchas ocasiones, "las personas con discapacidad intelectual vuelven a quedar en una posición de desventaja y vulneración de sus derechos" ante la nueva normalidad generada por la pandemia.

Prueba de ello, según han apuntado desde Futuro Singular, es "el cierre de los recursos dirigidos a las personas con discapacidad intelectual en base a unas tasas globales de contagios (70/100.000 habitantes) mientras el resto de la ciudadanía puede seguir haciendo su vida habitual".

"Entendemos que, si esa tasa global de contagios permite a todas las personas seguir haciendo su vida, también debería ser así en el caso de las personas con discapacidad intelectual. No podemos olvidar que las personas con discapacidad intelectual realizan gran parte de su vida en relación con los servicios que desde entidades como Futuro Singular Córdoba se les presta", ha señalado la entidad cordobesa a través de un comunicado.

En este sentido, la fundación ha recordado que prescindir de la prestación de estos servicios "supone un impacto negativo en el desarrollo de las habilidades de las personas y en definitiva en su calidad de vida". "De la misma manera, supone un alto impacto para las familias, ya que se ven sometidas a una mayor carga de atención o en el caso de que las familiares tengan que trabajar, ven limitadas sus posibilidades o un sobrecoste económico por necesidades de cuidados añadidos", ha detallado.

Por ello, desde Futuro Singular han solicitado a las administraciones que los servicios destinados a personas con discapacidad intelectual, especialmente centros de día y centros ocupacionales, "sigan funcionando con la misma normalidad que lo están haciendo los recursos para el resto de la ciudadanía y que las medidas a adoptar para el cierre de éstos se vinculen a los contagios que se puedan producir en los servicios y no a tasas globales".

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REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

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