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14 de agosto de 2020

  • 14.8.20
Ayer, los alcaldes de cuatro municipios cordobeses gobernados por el Partido Popular se dieron cita en la sede del PP de Baena donde fueron recibidos por su alcaldesa, Cristina Piernagorda. Junto a ella estuvieron Antonio Pedregoso, alcalde de Valenzuela, Elena Alba, alcaldesa de Bujalance, y Félix Romero, alcalde de Cañete de las Torres, para mostrar la postura del partido sobre el decreto que ha firmado el Gobierno central en el que se pide a los Ayuntamientos locales que entreguen los remanentes municipales.



La alcaldesa de Baena anunciaba que la postura del Ayuntamiento es “que el dinero del pueblo se destine a las necesidades de sus vecinos”, y denunciaba el poco apoyo que han sentido por parte del Gobierno de España durante la crisis epidemiológica. “En esta pandemia el Gobierno no ha tenido ni un solo gesto con los Consistorios y nos ha dejado solos ante esta situación complicada y ahora pretende cometer este fraude y apropiarse de los ahorros de todos los ayuntamientos españoles”.

Por su parte, Félix Romero declaró que este decreto representaba un “ataque al municipalismo y a la economía de los vecinos de los pueblos de España” y tildó de “chantaje” la acción, ya que aunque “la puesta a disposición de esos ahorros municipales es voluntaria” también explicó que “aquellos que no lo hagan no podrán participar de los 50.000 millones de euros que vendrán de los Fondos Europeos”.

Aún y con todo, Antonio Pedregosa ya adelantaba en la rueda de prensa que su Ayuntamiento “no vamos a poner a disposición estos remanentes”, ya que consideran una “insensatez” esta iniciativa pues “este remanente es el resultado del trabajo de muchos años que debería revertir directamente en todos los vecinos de cada pueblo”.

Precisamente, en este sentido intervenía también Elena Alba, tachando de “nefasta la gestión estatal” y de despreocupación hacia los municipios, “no se está apostando por los pueblos”. Muchos de estas localidades ya tenían planeado destinar a las causas que consideraban más prioritarias esos ahorros, como el hecho de combatir la despoblación, por eso rechazan este decreto y esperan que, desde el Gobierno central, den marcha atrás para que este dinero, que asciende a más de 100 millones en la provincia de Córdoba, no se marche de las localidades.

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: M.B.S.


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