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28 de noviembre de 2019

  • 28.11.19
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz recaló ayer en Baena para atender a todos los ciudadanos y asociaciones de la comarca del Guadajoz-Campiña Este, conocer su trabajo y recabar sus principales demandas ante las administraciones públicas, a la vez que se da a conocer el servicio que ofrece la institución como intermediario.



"Queremos conocer el trabajo de las asociaciones y ofrecerles la posibilidad de poder acudir al Defensor del Pueblo, que es un servicio gratuito y es otro mecanismo que tiene la ciudadanía en lugar de tener que ir a los juzgados", explicó José Colsa, miembro de esta oficina.

En este sentido, Colsa destacó que la institución del Defensor del Pueblo es un instrumento que se le ofrece a los ciudadanos cuando tienen problemas con las administraciones públicas para poder intentar llegar a un acuerdo para solucionar cualquier problema”.

Desde la puesta en marcha de este servicio, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha realizado una veintena de salidas lo que ha favorecido que "en lugares donde prácticamente no se presentaban quejas, en un día hemos recogido más quejas en toda la historia del Defensor del Pueblo".

Durante 2018 el Defensor del Pueblo Andaluz recibió 7.500 quejas, de las que se admitieron a trámite 3.800. "En 2.500 de ellas vimos que había alguna irregularidad con la Administración y en el 97 por ciento de los casos que nos dirigimos a la Administración, esta nos dio la razón", puntualizó Colsa.

Entre las problemáticas más comunes que los ciudadanos hacen llegar al Defensor del Pueblo Andaluz destacan la falta de empleo, de vivienda, el retraso en las ayudas sociales, la dependencia, la renta mínima, problemas con el alquiler, el mal funcionamiento administrativo en el reconocimiento de discapacidad o pensiones no contributivas.

Colsa señaló que la situación en Andalucía respecto a la relación de los ciudadanos con la Administración es "bastante complicada" por los numerosos retrasos que se producen en el desarrollo de diferentes gestiones administrativas. "Todo esto supone que existen unos derechos que están siendo vulnerados y las administraciones tienen que poner todos los medios a su alcance para modificarlo", manifestó.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL



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