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13 de junio de 2016

  • 13.6.16
Desde que estalló la crisis financiera en el mundo occidental, hace ya más de ocho años, la destrucción de empleos, la pérdida de condiciones laborales, la inaplicación de los convenios colectivos, la devaluación de salarios y el abaratamiento de los despidos llevados a cabo, en connivencia con gobiernos dóciles y sumisos al Capital, para hacer recaer en los trabajadores, en particular, y en la población en general, las consecuencias de un mercado financiero controlado por especuladores avariciosos, la situación no ha hecho más que empeorar.



No sólo se han trasladado al sector público los estropicios ocasionados por inversores privados, sino que la enorme desconfianza generada en los mercados ha sacudido todo el tinglado económico de países ajenos al problema pero expuestos al chantaje de unas agencias de calificación, las mismas que dieron su bendición a los desaguisados de los especuladores, que no han dudado en sacudirse su responsabilidad, subrogándola a los ciudadanos, vía primas de riesgo.

Les bastaba con valorar negativamente la capacidad de endeudamiento de los Estados, aunque tuvieran niveles realmente bajos y asumibles –como le pasaba a España al inicio de la crisis-, para obligarlos a adoptar medidas de una inusitada austeridad, en todo punto injustificada e injusta por cuanto castigaba sobremanera a los sectores más vulnerables de la población.

Fue así como, aprovechando la excusa de una grave crisis financiera de los bancos, se implementaron reformas neoliberales que, más que paliar la crisis, han servido para desmontar, reduciéndolos a su mínima expresión, los servicios públicos y las ayudas sociales que eran financiados por el Estado. Se les consideró “gasto” innecesario e insostenible.

No contentos con ello, las fuerzas del Capital obligaron a desregular el mercado e introducir una precariedad laboral y salarial que ha conseguido que el poco empleo que genera sea insuficiente, mal remunerado, temporal e incapaz de aportar las cotizaciones que sostienen la solidaridad intergeneracional; es decir, las jubilaciones.

Una Reforma Laboral letal para el trabajador y la liquidación parcial del Estado del Bienestar han posibilitado que el empobrecimiento se instale entre las clases medias y en las más desfavorecidas de la sociedad en el curso de unos pocos años, sin causa objetiva que lo justifique, salvo la avaricia y ese afán desmedido de enriquecimiento de los detentadores del dinero y de la élite empresarial y financiera. Y con el apoyo imprescindible, no hay que olvidarlo, de políticos y políticas favorables a los intereses neoliberales de los pudientes.

Sin embargo, de tanto exprimir a los humildes (que no pueden eludir la presión mediante paraísos fiscales) y de asfixiar la capacidad económica de los trabajadores (por la precariedad integral a que se les somete), la situación puede resultar contraproducente para los que creen que así multiplican sus beneficios. Sin capacidad de gasto, el consumo tiende a deteriorarse de tal manera que la actividad económica se contrae y la ansiada recuperación se eterniza como una ilusión jamás satisfecha.

Las consecuencias de un empobrecimiento generalizado de la población y de la inestabilidad laboral son conocidas de antiguo. Más que una conquista de los trabajadores, la regulación de la jornada laboral estableciendo períodos de ocho horas para el trabajo, ocho para el ocio y ocho para el descanso, junto a la garantía de unas retribuciones dignas, fueron una concesión derivada de la Segunda Revolución Industrial para construir una sociedad del consumo, que exige capacidad de gasto y tiempo para gastar.

De lo contrario, unas industrias que accedieron a la automatización y a la producción estandarizada, en serie y en masa, gracias a la electricidad y el petróleo como nuevas fuentes de energía, podían quedar paralizadas al no hallar salida a sus productos.

Las medidas que se aplican en la actualidad parecen olvidar la historia, ya que pretenden retrotraernos a los tiempos previos de la Revolución Industrial, cuando el trabajo a destajo y salarios de miseria condenaban en la pobreza a los trabajadores hasta morir víctimas de las enfermedades y el agotamiento. Esa es, al parecer, la intención del Gobernador del Banco de España cuando aconseja abaratar aún más el despido y una mayor contención de los salarios. Se alinea, así, con aquellos empresarios que no se cansan en reclamar cobrar menos y trabajar más: a los demás, naturalmente, a los trabajadores, no a sí mismos.

Además, esta austeridad suicida es algo que no sólo actúa en perjuicio del interés general de la sociedad en el presente, impidiendo la reactivación de la economía, sino que condiciona negativamente su futuro, al poner en riesgo la Seguridad Social y el sistema público de las pensiones.

No es sólo que la pirámide poblacional invertida, con una cúspide sobredimensionada de personas jubiladas, sea insostenible con una base escuálida de trabajadores en activo, sino que los nuevos empleos que en la actualidad se ofertan, con sueldos ridículos y duración temporal, son claramente insuficientes para mantener la estructura financiera de las pensiones.

Con salarios “mileuristas”, en el mejor de los casos, no se pueden pagar pensiones de dos mil o más euros. Harían falta, cuando menos, cinco nuevos empleos para poder pagar cada jubilación. Y tal como está el mercado laboral, confiar en conseguir esos cinco empleos por jubilado es toda una utopía.

Es decir, con el trabajo en precario que se preconiza en la actualidad, con condiciones laborales precarias y salarios igualmente precarios, sólo se consigue que unos pocos acaudalados vivan muy bien a costa de empobrecer a la mayoría de sus coetáneos y de oscurecer el futuro al que tiene derecho la sociedad en su conjunto, incluidos los trabajadores que son injustamente castigados hoy y, si no se corrige la situación, también mañana cuando se jubilen.

Hace falta, pues, una revolución laboral que restablezca las condiciones que protegen al trabajador frente al apetito insaciable de beneficio del empresario y el Capital, de tal manera que la riqueza que entre ambos producen –unos invirtiendo y otros con mano de obra- se reparta de manera equitativa para el desarrollo y el progreso de la sociedad a la que todos pertenecen.

No es con la explotación sino con la colaboración cuando avanzan y se benefician entre sí los distintos colectivos que integran una comunidad. Hay que volver a firmar un nuevo contrato social que supedite la economía al servicio de la sociedad y no al revés, y para que el interés general prevalezca sobre el particular. En definitiva, para que la vida tenga un sentido más allá del meramente mercantil.

DANIEL GUERRERO

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