Partido Popular e Izquierda Unida pidieron en la sesión plenaria de anoche la dimisión de Jesús Rojano por anular una sanción en un caso de disciplina urbanística, un expediente que será remitido al Ministerio Fiscal. Además, la corporación municipal aprobó la cuenta general de 2013; una moción de apoyo en defensa de los trabajadores de Oleícola El Tejar; la propuesta de adhesión a una red de ecoenergía inteligente y el expediente de contratación de las obras complementarias del Castillo.
La petición de dimisión por parte de los portavoces de los grupos locales de la oposición vino durante la votación de una declaración de lesividad referente a un caso de disciplina urbanística tratado por la junta de gobierno local el pasado 25 de abril. El alcalde, Jesús Rojano, reconoció "errores interpretativos" en la tramitación de ese expediente, de ahí que justificara la interposición de un recurso contencioso-administrativo "para retrotraer al momento de la junta de gobierno local e imponer la sanción".
Se trata de un caso puesto sobre la mesa en el pleno anterior por el portavoz popular Francisco Bravo, que acusó al equipo de gobierno de "arbitrariedad" a la hora de imponer sanciones administrativas. Tanto Bravo como Valle Meneses (IU) se mostraron contrarios de anular la sanción, ya que el informe jurídico era contrario al recurso extraordinario de revisión.
En la réplica, Rojano alegó "un fallo de interpretación" por una prueba adicional presentada por el particular fuera de plazo. Y es que, según el artículo 108.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el recurso extraordinario de revisión podrá interponerse cuando "aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida".
Por ello, el alcalde aseguró que no retiraron la sanción por un "capricho", sino por interpretar que se había presentado una prueba que demostraba la prescripción, una foto aérea de la construcción de una piscina en 2007. Este tipo de sanciones prescriben a los cuatro años, pero según el alcalde, para "salvaguardar el criterio jurídico", aunque tuvieran razón "tenemos que poner la sanción porque no lo demostraron a tiempo".
Valle Meneses se mostró favorable a la declaración de lesividad pero justificó su petición de dimisión porque "Rojano fue advertido" y a pesar de ello "impuso su voluntad y criterio por encima de la ley". Según la portavoz de Izquierda Unida, "se traspasaron todos los límites" porque "imponer su voluntad por encima de la norma" es "la conducta más grave de una autoridad pública".
Francisco Bravo dijo que el alcalde debería haber "pedido perdón" porque "son omisiones dolosas, no errores". Según el concejal popular, "estaban advertidos de que se estaban apartando del ordenamiento jurídico y habían cometido una prevaricación avisados", de ahí su afirmación de que "con bastante menos" se ha dimitido.
Antonio Huete, por medio de un voto particular, dio a conocer que en la junta de gobierno votó en contra de la sanción "de buena fe, porque entendí que era de justicia", ya que se sancionaba con 12.000 euros a una familia con sus dos miembros en paro. En vista de las pruebas, Huete, que se abstuvo en la votación, justificó que volvería a votar en contra de poner la sanción porque "mi conciencia está ante todo". Finalmente, el pleno aprobó la declaración de lesividad y tanto PP como IU acordaron remitir el asunto al Ministerio Fiscal "a fin de someter a su consideración la posible existencia o comisión de un presunto delito de prevaricación".
Acuerdos plenarios
La corporación municipal dio el visto bueno al expediente de contratación de las obras complementarias a la segunda fase en la intervención del Castillo. Su presupuesto se aproxima a los 200.000 euros y el proyecto técnico ya fue aprobado en la última sesión plenaria, la del 31 de julio.
En el caso de la propuesta relativa a la defensa de los puestos de trabajo eliminados por Oleícola El Tejar, el pleno propuso la adopción de diversos acuerdos para rechazar los despidos de la empresa. A esta moción IU añadió a última hora varias propuestas relativas a mantener una reunión con la empresa y solicitar una rendición de cuentas por las subvenciones obtenidas en los últimos años.
Precisamente el portavoz de Izquierda Unida, David Bazuelo, explicó que de los seis trabajadores despedidos por la empresa dos pertenecen a la planta de Baena. Según Bazuelo, para justificar estos despidos "la empresa no alega pérdidas, sino menos ganancias". En este sentido, con la presencia de varios trabajadores en el salón plenario, el portavoz de la coalición de izquierdas dio a conocer que durante los últimos días la empresa ha amenazado con más despidos en caso de huelga.
Francisco Bravo denunció la opacidad de la térmica y también mostró su rechazo al despido de los trabajadores, pero quiso aclarar que es el contexto general de crisis el que motiva los despidos y no la reforma laboral, como rezaba la moción.
Tanto IU como PP dijeron que se trata de una "empresa incumplidora con este Ayuntamiento" y pusieron de manifiesto la "disminución progresiva del canon", de 500.000 a 100.000 euros. El alcalde explicó que si bien es cierto que se firmó un nuevo convenio, el cual suponía una disminución del canon, "no renunciamos a 400.000 euros" porque con la prestación del servicio de agua para las tareas industriales "cambia el concepto retributivo, no la cuantía". Además, Rojano coincidió con la oposición en que "la disminución de ingresos no tiene porqué repercutir en los trabajadores".
Asimismo, los grupos municipales fueron unánimes para con la propuesta de adhesión a la Red Andaluza de Distritos Ecoenergéticos Inteligentes (RADEI), una asociación que tiene por objeto promover la producción y autoconsumo de energías renovables. No hubo unanimidad en el debate de la cuenta general del ejercicio de 2013, pero el punto se aprobó con la abstención del PP. Jesús Rojano mostró una "satisfacción moderada" por el grado de ejecución de las inversiones en el último año.
No a la gestión indirecta de los aparcamientos municipales
El orden del día también incluía la modificación de la forma de gestión del servicio de los aparcamientos municipales. La propuesta era la fórmula de la concesión, sin embargo IU y PP rechazaron la medida. Según apuntó Valle Meneses, que se mostró disconforme al pliego para la concesión administrativa, "nos la quieren colar" porque "están metiendo por la puerta de atrás a una persona que se incluye en la mesa de negociación". También calificó de arbitraria la medida el PP, ya que Francisco Bravo denunció un "trato desigualitario" hacia varios trabajadores, que podrían quedar fuera en el caso de la concesión.
El servicio de aparcamientos públicos —los de las plazas de la Constitución, Palacio, Santo Domingo de Guzmán y el aparcamiento del edificio de la calle Alta San Juan— se ha venido prestando por el Ayuntamiento de forma directa por Promude, una sociedad mercantil que ha entrado en fase de liquidación.
La petición de dimisión por parte de los portavoces de los grupos locales de la oposición vino durante la votación de una declaración de lesividad referente a un caso de disciplina urbanística tratado por la junta de gobierno local el pasado 25 de abril. El alcalde, Jesús Rojano, reconoció "errores interpretativos" en la tramitación de ese expediente, de ahí que justificara la interposición de un recurso contencioso-administrativo "para retrotraer al momento de la junta de gobierno local e imponer la sanción".
Se trata de un caso puesto sobre la mesa en el pleno anterior por el portavoz popular Francisco Bravo, que acusó al equipo de gobierno de "arbitrariedad" a la hora de imponer sanciones administrativas. Tanto Bravo como Valle Meneses (IU) se mostraron contrarios de anular la sanción, ya que el informe jurídico era contrario al recurso extraordinario de revisión.
En la réplica, Rojano alegó "un fallo de interpretación" por una prueba adicional presentada por el particular fuera de plazo. Y es que, según el artículo 108.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el recurso extraordinario de revisión podrá interponerse cuando "aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida".
Por ello, el alcalde aseguró que no retiraron la sanción por un "capricho", sino por interpretar que se había presentado una prueba que demostraba la prescripción, una foto aérea de la construcción de una piscina en 2007. Este tipo de sanciones prescriben a los cuatro años, pero según el alcalde, para "salvaguardar el criterio jurídico", aunque tuvieran razón "tenemos que poner la sanción porque no lo demostraron a tiempo".
Valle Meneses se mostró favorable a la declaración de lesividad pero justificó su petición de dimisión porque "Rojano fue advertido" y a pesar de ello "impuso su voluntad y criterio por encima de la ley". Según la portavoz de Izquierda Unida, "se traspasaron todos los límites" porque "imponer su voluntad por encima de la norma" es "la conducta más grave de una autoridad pública".
Francisco Bravo dijo que el alcalde debería haber "pedido perdón" porque "son omisiones dolosas, no errores". Según el concejal popular, "estaban advertidos de que se estaban apartando del ordenamiento jurídico y habían cometido una prevaricación avisados", de ahí su afirmación de que "con bastante menos" se ha dimitido.
Antonio Huete, por medio de un voto particular, dio a conocer que en la junta de gobierno votó en contra de la sanción "de buena fe, porque entendí que era de justicia", ya que se sancionaba con 12.000 euros a una familia con sus dos miembros en paro. En vista de las pruebas, Huete, que se abstuvo en la votación, justificó que volvería a votar en contra de poner la sanción porque "mi conciencia está ante todo". Finalmente, el pleno aprobó la declaración de lesividad y tanto PP como IU acordaron remitir el asunto al Ministerio Fiscal "a fin de someter a su consideración la posible existencia o comisión de un presunto delito de prevaricación".
Acuerdos plenarios
La corporación municipal dio el visto bueno al expediente de contratación de las obras complementarias a la segunda fase en la intervención del Castillo. Su presupuesto se aproxima a los 200.000 euros y el proyecto técnico ya fue aprobado en la última sesión plenaria, la del 31 de julio.
En el caso de la propuesta relativa a la defensa de los puestos de trabajo eliminados por Oleícola El Tejar, el pleno propuso la adopción de diversos acuerdos para rechazar los despidos de la empresa. A esta moción IU añadió a última hora varias propuestas relativas a mantener una reunión con la empresa y solicitar una rendición de cuentas por las subvenciones obtenidas en los últimos años.
Precisamente el portavoz de Izquierda Unida, David Bazuelo, explicó que de los seis trabajadores despedidos por la empresa dos pertenecen a la planta de Baena. Según Bazuelo, para justificar estos despidos "la empresa no alega pérdidas, sino menos ganancias". En este sentido, con la presencia de varios trabajadores en el salón plenario, el portavoz de la coalición de izquierdas dio a conocer que durante los últimos días la empresa ha amenazado con más despidos en caso de huelga.
Francisco Bravo denunció la opacidad de la térmica y también mostró su rechazo al despido de los trabajadores, pero quiso aclarar que es el contexto general de crisis el que motiva los despidos y no la reforma laboral, como rezaba la moción.
Tanto IU como PP dijeron que se trata de una "empresa incumplidora con este Ayuntamiento" y pusieron de manifiesto la "disminución progresiva del canon", de 500.000 a 100.000 euros. El alcalde explicó que si bien es cierto que se firmó un nuevo convenio, el cual suponía una disminución del canon, "no renunciamos a 400.000 euros" porque con la prestación del servicio de agua para las tareas industriales "cambia el concepto retributivo, no la cuantía". Además, Rojano coincidió con la oposición en que "la disminución de ingresos no tiene porqué repercutir en los trabajadores".
Asimismo, los grupos municipales fueron unánimes para con la propuesta de adhesión a la Red Andaluza de Distritos Ecoenergéticos Inteligentes (RADEI), una asociación que tiene por objeto promover la producción y autoconsumo de energías renovables. No hubo unanimidad en el debate de la cuenta general del ejercicio de 2013, pero el punto se aprobó con la abstención del PP. Jesús Rojano mostró una "satisfacción moderada" por el grado de ejecución de las inversiones en el último año.
No a la gestión indirecta de los aparcamientos municipales
El orden del día también incluía la modificación de la forma de gestión del servicio de los aparcamientos municipales. La propuesta era la fórmula de la concesión, sin embargo IU y PP rechazaron la medida. Según apuntó Valle Meneses, que se mostró disconforme al pliego para la concesión administrativa, "nos la quieren colar" porque "están metiendo por la puerta de atrás a una persona que se incluye en la mesa de negociación". También calificó de arbitraria la medida el PP, ya que Francisco Bravo denunció un "trato desigualitario" hacia varios trabajadores, que podrían quedar fuera en el caso de la concesión.
El servicio de aparcamientos públicos —los de las plazas de la Constitución, Palacio, Santo Domingo de Guzmán y el aparcamiento del edificio de la calle Alta San Juan— se ha venido prestando por el Ayuntamiento de forma directa por Promude, una sociedad mercantil que ha entrado en fase de liquidación.
REDACCIÓN / BAENA DIGITAL
