La corporación municipal aprobó ayer un proyecto complementario en la segunda fase de la intervención del Castillo. Además, el pleno dio el visto bueno a una ordenanza reguladora del precio público para ceder el Centro de Congresos y Exposiciones y se acordó la cancelación de dos créditos suscritos al plan de pago a proveedores. El alcalde, Jesús Rojano, dio a conocer que en los próximos días se nombrará a José Andrés García como nuevo alcalde pedáneo de Albendín tras la renuncia de José Calvo.
Dentro de la intervención en el Castillo, que se encuentra en su segunda fase, el proyecto complementario que se aprobó ayer en pleno por unanimidad permitirá su acabado para posibles usos interiores. Con un presupuesto de 203.273 euros, la intervención se desarrollará en dos actuaciones: la consolidación de los paramentos y la construcción de pasarelas de conexión para la accesibilidad a las cubiertas de los antiguos depósitos.
En este punto, la portavoz de Izquierda Unida, Valle Meneses, se interesó por los futuros usos de la fortaleza y expresó que espera que tenga utilidad para los ciudadanos. Por su parte, desde el Partido Popular, Francisco Bravo mostró su conformidad con el proyecto complementario, pero reprochó al alcalde el haber votado en contra de la subvención de la Diputación al coro del Convento Madre de Dios.
El delegado de Urbanismo, José Andrés García, explicó que "el destino del Castillo hay que resolverlo" porque las visitas "no estaban totalmente contempladas en esta segunda fase". Jesús Rojano se expresó en este mismo sentido y dijo que las pasarelas se han adelantado para garantizar la seguridad en el interior del recinto.
La corporación municipal también aprobó una modificación de créditos y un reconocimiento extrajudicial de obligaciones por valor de 47.951 euros, unas facturas relacionadas con rehabilitaciones municipales, una minuta y un arreglo del camino de las Justas. Los grupos mostraron su disconformidad en esta última factura: IU explicó que no comparte "la fórmula de los contratos menores" y denunció "la poca transparencia", ya que como dijo su portavoz, hubo "un modificado del 40 por ciento del proyecto", además de que el expediente "estuviera desaparecido".
José María Baena, del Partido Popular, señaló que el reconocimiento extrajudicial es "un gasto irregular" y dijo refiriéndose al equipo de gobierno que "o son un desastre o es una forma de gestionar que crea dudas", porque "da pie a pensar muchas cosas, ninguna buena". Baena dijo que "se han incumplido todos los procedimientos", pero su grupo se abstuvo por "estar la obra ejecutada".
El delegado de Urbanismo dijo que aunque se trata de una obra menor "es costumbre que para todas las obras se pidan ofertas", mientras que para las pequeñas se sigue el procedimiento de la rotación. A pesar de que García reconoció que el modificado fue del 40 por ciento y que se adjudicó por 15.000 euros más, el alcalde explicó que al ejecutarse la obra se detectó una pendiente elevada a la que se tuvo que cubrir con hormigón, un gasto no previsto. Rojano aseguró que la dirección técnica recomendó continuar con la obra para abaratar los costes.
En cuanto a la ordenanza reguladora del precio público por la cesión de uso del Centro de Congresos, el alcalde anunció la rescisión del contrato con la empresa que gestionaba el servicio. IU y PP se mostraron favorables a la aprobación de la medida, pero coincidieron en la falta de utilidad de esta infraestructura. Meneses recordó que su grupo estaba en contra de la construcción del edificio y dijo que fue "una obra desproporcionada, insostenible, cara e inacabada". La portavoz de IU aseguró que "ahora el palacio es una caja vacía, como el aeropuerto de Castellón".
En los mismos términos se expresó Amalia Cabello de Alba, que recordó el precio "del palacio": 1.300.000 euros. La portavoz popular dijo que en Baena "pagamos locales comerciales a precio de oro" y recriminó al equipo de gobierno que "no saben lo que van a hacer con él". Jesús Rojano reconoció que el edificio no es sostenible, pero apuntó que como otras instalaciones "no lo hemos hecho para hacer dinero". Según el alcalde, la gestión directa es "más ventajosa para los vecinos", ya que "con esta ordenanza puede haber más actividades", algo positivo para "el desarrollo económico", pues se trata de "una infraestructura para la dinamización de la economía" que puede convertir a la ciudad en referente comarcal y provincial.
La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza es de 361,26 euros diarios, en base a un informe técnico. Estarán exentos de pago entidades sin ánimo de lucro y habrá bonificaciones de hasta el 50 por ciento a los que fomenten la actividad comercial, siempre que el precio por stand no supere los 100 euros.
El pleno también aprobó la formalización de dos nuevas operaciones de crédito a largo plazo destinadas a la cancelación de dos préstamos suscritos al plan de pago a proveedores, por valor de 2.531.895 y 658.483. El alcalde justificó la propuesta en que "nos acogimos al pago a proveedores porque los intereses estaban muy altos", pero "ahora podemos renegociar esa deuda con el banco que nos dé unas condiciones más ventajosas". Con el objetivo de corregir el nivel de endeudamiento y situarlo por debajo del 75 por ciento, el Consistorio no podrá formalizar nuevas operaciones de crédito a largo plazo hasta 2016.
Además de la aprobación de las fiestas locales para 2015, el 19 de marzo y el 14 de septiembre, el pleno se mostró unánime en el visto bueno a dos mociones: una propuesta de apoyo a los regantes de Baena y Albendín, que demandan unas tarifas eléctricas justas, y la cesión de un local para la agrupación local de Red de Radio Emergencia de Protección Civil (REMER) para la instalación de varios equipos y antenas.
Tras la renuncia de José Calvo, Jesús Rojano dio a conocer la formalización de nombramiento en los próximos días de José Andrés García como alcalde de Albendín. García, que ya ocupó la alcaldía de la pedanía, agradeció la labor de José Calvo y dijo asumir el cargo "con toda la satisfacción". Rojano se sumó al agradecimiento en nombre de la corporación por "una vida dedicada al servicio público".
Ruegos y preguntas
Valle Meneses, de Izquierda Unida, mostró su solidaridad con los trabajadores despedidos de El Tejar; trasladó las quejas de los usuarios de los aparcamientos de la calle Alta y del paseo de Guadalupe; pidió la señalización y vallado de la Plaza de Andalucía; avisó de varias plagas en árboles, como las que afectan a las calles Magistrado Eguilaz y Salvador Muñoz; demandó iluminación en lugares como la senda ancha y el camino desde la Casa de la Cultura hasta la Torre del Sol; denunció socavones en el Parque de la Cañada; habló de desperfectos en algunos acerados de San Antón; denunció la proliferación de insectos, cucarachas, ratas y palomos; habló del mal estado del Puente Piedra, "un lugar para limpieza y mantenimiento sostenido"; expresó varias quejas relacionadas con la organización de los campeonatos de natación; y demandó al Ayuntamiento "velar por la seguridad en la piscina".
Meneses también trasladó quejas por cortes de agua; y pidió que de los 182.000 euros que recibirá Baena procedentes del plan de empleo para mayores de 30 años "se dé trabajo a todos los desempleados" independientemente del tiempo que corresponda a cada uno.
Por su parte, Amalia Cabello de Alba pidió un paso de peatones para la calle Matadero; se quejó del "horario escaso de la biblioteca"; alertó de un muro con riesgo en la calle San Juan; pidió mantener limpios los espejos de los cruces; y recordó el excesivo tráfico en las inmediaciones del Mercadona.
El también portavoz del PP, Francisco Bravo, dijo que hay "un colector abierto" en la calle Hermanos Marichica; habló de la necesidad de evitar el estacionamiento de vehículos en el Parque de la Cañada; denunció el mal estado de la Era de San Antón y de bancos rotos en la calle Luis Carrillo de Sotomayor, así como varias plagas de olmos en el Parque Municipal Ramón Santaella; explicó que algunos vecinos lamentan que algunas licencias de obra se demoran más de lo normal y denunció "la arbitrariedad" en los expedientes de disciplina urbanística.
Por último, el alcalde dijo que "estamos intentando suplir las deficiencias de la Unidad de Servicios con el Plan Municipal de Solidaridad". Según Jesús Rojano, en agosto se incorpora nueva mano de obra con el Plan de Empleo de la Diputación; en septiembre con el Plan de Empleo Joven y en octubre con el Plan Emplea de mayores de 30 años. Será "un refuerzo de la Unidad de Servicios para el mantenimiento de la ciudad".
Asimismo, Rojano dio a conocer que Eprinsa pondrá en marcha un sistema de detección de incidencias encaminado al feed-back entre el ciudadano y la Unidad de Servicios. También reconoció los problemas en la biblioteca, pero dijo que "después del verano" se ampliará el horario incluso en fines de semana y épocas de exámenes. En cuanto a las acusaciones de Bravo, el alcalde dijo que "no tratamos de hacer un trato de favor a ningún ciudadano". Según Rojano, "no es agradable poner sanciones urbanísticas", pero aseguró que "el trato lo hago igualitario para todos los vecinos".
Dentro de la intervención en el Castillo, que se encuentra en su segunda fase, el proyecto complementario que se aprobó ayer en pleno por unanimidad permitirá su acabado para posibles usos interiores. Con un presupuesto de 203.273 euros, la intervención se desarrollará en dos actuaciones: la consolidación de los paramentos y la construcción de pasarelas de conexión para la accesibilidad a las cubiertas de los antiguos depósitos.
En este punto, la portavoz de Izquierda Unida, Valle Meneses, se interesó por los futuros usos de la fortaleza y expresó que espera que tenga utilidad para los ciudadanos. Por su parte, desde el Partido Popular, Francisco Bravo mostró su conformidad con el proyecto complementario, pero reprochó al alcalde el haber votado en contra de la subvención de la Diputación al coro del Convento Madre de Dios.
El delegado de Urbanismo, José Andrés García, explicó que "el destino del Castillo hay que resolverlo" porque las visitas "no estaban totalmente contempladas en esta segunda fase". Jesús Rojano se expresó en este mismo sentido y dijo que las pasarelas se han adelantado para garantizar la seguridad en el interior del recinto.
La corporación municipal también aprobó una modificación de créditos y un reconocimiento extrajudicial de obligaciones por valor de 47.951 euros, unas facturas relacionadas con rehabilitaciones municipales, una minuta y un arreglo del camino de las Justas. Los grupos mostraron su disconformidad en esta última factura: IU explicó que no comparte "la fórmula de los contratos menores" y denunció "la poca transparencia", ya que como dijo su portavoz, hubo "un modificado del 40 por ciento del proyecto", además de que el expediente "estuviera desaparecido".
José María Baena, del Partido Popular, señaló que el reconocimiento extrajudicial es "un gasto irregular" y dijo refiriéndose al equipo de gobierno que "o son un desastre o es una forma de gestionar que crea dudas", porque "da pie a pensar muchas cosas, ninguna buena". Baena dijo que "se han incumplido todos los procedimientos", pero su grupo se abstuvo por "estar la obra ejecutada".
El delegado de Urbanismo dijo que aunque se trata de una obra menor "es costumbre que para todas las obras se pidan ofertas", mientras que para las pequeñas se sigue el procedimiento de la rotación. A pesar de que García reconoció que el modificado fue del 40 por ciento y que se adjudicó por 15.000 euros más, el alcalde explicó que al ejecutarse la obra se detectó una pendiente elevada a la que se tuvo que cubrir con hormigón, un gasto no previsto. Rojano aseguró que la dirección técnica recomendó continuar con la obra para abaratar los costes.
En cuanto a la ordenanza reguladora del precio público por la cesión de uso del Centro de Congresos, el alcalde anunció la rescisión del contrato con la empresa que gestionaba el servicio. IU y PP se mostraron favorables a la aprobación de la medida, pero coincidieron en la falta de utilidad de esta infraestructura. Meneses recordó que su grupo estaba en contra de la construcción del edificio y dijo que fue "una obra desproporcionada, insostenible, cara e inacabada". La portavoz de IU aseguró que "ahora el palacio es una caja vacía, como el aeropuerto de Castellón".
En los mismos términos se expresó Amalia Cabello de Alba, que recordó el precio "del palacio": 1.300.000 euros. La portavoz popular dijo que en Baena "pagamos locales comerciales a precio de oro" y recriminó al equipo de gobierno que "no saben lo que van a hacer con él". Jesús Rojano reconoció que el edificio no es sostenible, pero apuntó que como otras instalaciones "no lo hemos hecho para hacer dinero". Según el alcalde, la gestión directa es "más ventajosa para los vecinos", ya que "con esta ordenanza puede haber más actividades", algo positivo para "el desarrollo económico", pues se trata de "una infraestructura para la dinamización de la economía" que puede convertir a la ciudad en referente comarcal y provincial.
La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza es de 361,26 euros diarios, en base a un informe técnico. Estarán exentos de pago entidades sin ánimo de lucro y habrá bonificaciones de hasta el 50 por ciento a los que fomenten la actividad comercial, siempre que el precio por stand no supere los 100 euros.
El pleno también aprobó la formalización de dos nuevas operaciones de crédito a largo plazo destinadas a la cancelación de dos préstamos suscritos al plan de pago a proveedores, por valor de 2.531.895 y 658.483. El alcalde justificó la propuesta en que "nos acogimos al pago a proveedores porque los intereses estaban muy altos", pero "ahora podemos renegociar esa deuda con el banco que nos dé unas condiciones más ventajosas". Con el objetivo de corregir el nivel de endeudamiento y situarlo por debajo del 75 por ciento, el Consistorio no podrá formalizar nuevas operaciones de crédito a largo plazo hasta 2016.
Además de la aprobación de las fiestas locales para 2015, el 19 de marzo y el 14 de septiembre, el pleno se mostró unánime en el visto bueno a dos mociones: una propuesta de apoyo a los regantes de Baena y Albendín, que demandan unas tarifas eléctricas justas, y la cesión de un local para la agrupación local de Red de Radio Emergencia de Protección Civil (REMER) para la instalación de varios equipos y antenas.
Tras la renuncia de José Calvo, Jesús Rojano dio a conocer la formalización de nombramiento en los próximos días de José Andrés García como alcalde de Albendín. García, que ya ocupó la alcaldía de la pedanía, agradeció la labor de José Calvo y dijo asumir el cargo "con toda la satisfacción". Rojano se sumó al agradecimiento en nombre de la corporación por "una vida dedicada al servicio público".
Ruegos y preguntas
Valle Meneses, de Izquierda Unida, mostró su solidaridad con los trabajadores despedidos de El Tejar; trasladó las quejas de los usuarios de los aparcamientos de la calle Alta y del paseo de Guadalupe; pidió la señalización y vallado de la Plaza de Andalucía; avisó de varias plagas en árboles, como las que afectan a las calles Magistrado Eguilaz y Salvador Muñoz; demandó iluminación en lugares como la senda ancha y el camino desde la Casa de la Cultura hasta la Torre del Sol; denunció socavones en el Parque de la Cañada; habló de desperfectos en algunos acerados de San Antón; denunció la proliferación de insectos, cucarachas, ratas y palomos; habló del mal estado del Puente Piedra, "un lugar para limpieza y mantenimiento sostenido"; expresó varias quejas relacionadas con la organización de los campeonatos de natación; y demandó al Ayuntamiento "velar por la seguridad en la piscina".
Meneses también trasladó quejas por cortes de agua; y pidió que de los 182.000 euros que recibirá Baena procedentes del plan de empleo para mayores de 30 años "se dé trabajo a todos los desempleados" independientemente del tiempo que corresponda a cada uno.
Por su parte, Amalia Cabello de Alba pidió un paso de peatones para la calle Matadero; se quejó del "horario escaso de la biblioteca"; alertó de un muro con riesgo en la calle San Juan; pidió mantener limpios los espejos de los cruces; y recordó el excesivo tráfico en las inmediaciones del Mercadona.
El también portavoz del PP, Francisco Bravo, dijo que hay "un colector abierto" en la calle Hermanos Marichica; habló de la necesidad de evitar el estacionamiento de vehículos en el Parque de la Cañada; denunció el mal estado de la Era de San Antón y de bancos rotos en la calle Luis Carrillo de Sotomayor, así como varias plagas de olmos en el Parque Municipal Ramón Santaella; explicó que algunos vecinos lamentan que algunas licencias de obra se demoran más de lo normal y denunció "la arbitrariedad" en los expedientes de disciplina urbanística.
Por último, el alcalde dijo que "estamos intentando suplir las deficiencias de la Unidad de Servicios con el Plan Municipal de Solidaridad". Según Jesús Rojano, en agosto se incorpora nueva mano de obra con el Plan de Empleo de la Diputación; en septiembre con el Plan de Empleo Joven y en octubre con el Plan Emplea de mayores de 30 años. Será "un refuerzo de la Unidad de Servicios para el mantenimiento de la ciudad".
Asimismo, Rojano dio a conocer que Eprinsa pondrá en marcha un sistema de detección de incidencias encaminado al feed-back entre el ciudadano y la Unidad de Servicios. También reconoció los problemas en la biblioteca, pero dijo que "después del verano" se ampliará el horario incluso en fines de semana y épocas de exámenes. En cuanto a las acusaciones de Bravo, el alcalde dijo que "no tratamos de hacer un trato de favor a ningún ciudadano". Según Rojano, "no es agradable poner sanciones urbanísticas", pero aseguró que "el trato lo hago igualitario para todos los vecinos".
REDACCIÓN / BAENA DIGITAL
