El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha reclamado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "que ponga encima de la mesa" la ley de financiación de las corporaciones locales cumpliendo el compromiso del Gobierno. En este sentido, ha indicado que es urgente que la norma esté antes de que concluya el año con el fin de atender al "gran problema" de los municipios.
Valderas reflexionó sobre la norma pronunciando la conferencia 'Problemas actuales de las corporaciones locales y análisis de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local'. Según ha explicado, "la ley desordena lo que el ordenamiento local ha ido edificando" sin abordar el verdadero problema del municipalismo, que es la "escasa financiación y la demanda creciente de atención a los problemas derivados de la desintegración social que sufre el estado del bienestar en España".
Advirtió que con esta norma se pretende "jibarizar la representatividad popular", siendo esta una de las últimas líneas rojas que quedaban por rebasar en el "recorte permanente de democracia, derechos y servicios esenciales".
En su intervención, Valderas situó el debate global de la reforma de la administración pública en el proceso de "astillamiento del Estado y eliminación de nuestro modelo de convivencia". Los orígenes de esta situación, a su juicio, se remontan a septiembre de 2011 con la modificación de la Constitución y el Pacto de Estabilidad, que dieron paso a un "proceso de desmantelamiento del Estado basado en la precariedad laboral, el ajuste duro sobre las clases medias y bajas y la eliminación de prestaciones y derechos en un contexto generalizado de limitación de las libertades públicas".
Más desigualdad
Valderas repasó los cambios protagonizados por la sociedad en estos últimos tres años, en los que se ha priorizado el pago de la deuda y sus intereses sobre las necesidades básicas de la población. Esto, unido al cumplimiento del déficit y a la exigencia a las comunidades autónomas para que asuman una nueva reducción de transferencias, con la consiguiente merma en la prestación de servicios, da lugar a "un modelo que nos hace pobres, con menos derechos y, sobre todo, más desiguales".
Ante este "modelo antisocial", que se vuelve contra las personas y que ha sido contestado por los ciudadanos a través de procesos movilizadores, aboga por adoptar "decisiones audaces, comprometidas con la gente y consecuentes con un modelo social basado en el bienestar, la solidaridad y el respeto a la dignidad de las personas". En este orden de cosas, ha reiterado la necesidad de dotarnos de un "nuevo modelo productivo, de rostro humano, vinculado a la capacidad de producir y generar riqueza donde se vive y de redistribuir equitativamente frente a la lógica de la acumulación infinita".
En otro momento de su intervención, el vicepresidente señaló que "la reforma local es una pieza más dentro del proceso de demolición del Estado, de quiebra de la convivencia y de agravamiento de la desigualdad". Frente a esta propuesta, aboga por "un modelo alternativo e intensamente participativo", en línea con la acción del Gobierno andaluz que promueve y iniciativas y leyes como las de Memoria Democrática, Participación Ciudadana o la de Transparencia.
Para Valderas, la Ley de Reforma Local responde a propuestas de sectores conservadores que aspiran a un "Estado frágil en el que partidos políticos y organizaciones sindicales o empresariales no sean más que correas de transmisión de los intereses de una élite que en 20 personas acumula más riqueza que el 20% de la población española".
Una élite que "no acepta que la sociedad exprese su malestar y que, en lugar de reconducir su política y atender a la demanda de la sociedad, cambia las reglas del juego democrático". Así lo demuestra la reforma de la ley electoral que pretende el Gobierno "para evitar la posible pérdida numerosas ciudades españolas en las próximas elecciones municipales; es en esta lógica donde se inscribe la reforma de la Administración Local".
Igualmente, denunció la "parálisis" y el cese de determinados servicios municipales que provoca la nueva ley, incidiendo directamente en la ciudadanía.
Inseguridad jurídica
En su exposición, criticó la norma "plagada no sólo de contradicciones en su construcción jurídica sino llena de contrasentidos políticos", como revela el dato de que el 90% de los ayuntamientos españoles (7.300) presentan una situación presupuestaria positiva y son los que mejor están cumplimiento la reducción del déficit, según información del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, "se les aplica un nuevo recorte de más de 7.000 millones de euros".
De ahí que el ejecutivo autonómico y el Parlamento hayan recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado negativamente sobre la misma. Según ha explicado Valderas, esta circunstancia, unida al pronunciamiento del Consejo de Estado en términos similares, debería ser suficiente para que el Gobierno paralizase la aplicación de la Ley, poniendo fin a las "peligrosas consecuencias e inseguridad jurídica" que conlleva.
Con el fin de anticiparse a posibles "efectos irreparables", la Junta ha aprobado un decreto-ley que pretende aclarar y resolver las dudas jurídicas que genera la ley y evitar "disfunciones" en la prestación de servicios públicos, así como de "vacíos competenciales" en materias como sanidad, educación o servicios sociales. De este modo, se facilita a los ayuntamientos y entidades locales el cumplimiento de las competencias reconocidas en la Ley de Autonomía Local de Andalucía.
Respaldo al municipalismo
De este modo, "Andalucía está en el camino adecuado", respaldando el municipalismo al que actualmente destina 1.400 millones de euros a través de programas específicos como los de 'Empleo Joven' y 'Empleo 30+' y medidas en favor de la inclusión social, entre otras actuaciones.
Reiteró la apuesta de la Junta en defensa de un "modelo social justo, redistributivo y capaz de atender mediante mecanismos de solidaridad a todos aquellos que precisan de respuesta urgente". Para ello, ha apelado al "esfuerzo colectivo para oponernos a un proyecto económico y social fracasado", que facilita la desigualdad como evidencian los 27 millones de desempleados y 120 millones de pobres de la Unión Europea.
Por último, el vicepresidente hizo un llamamiento "a la construcción, a la rebeldía, a la acción consciente y organizada y a la defensa de la política contra los miedos de los hombres".
Valderas reflexionó sobre la norma pronunciando la conferencia 'Problemas actuales de las corporaciones locales y análisis de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local'. Según ha explicado, "la ley desordena lo que el ordenamiento local ha ido edificando" sin abordar el verdadero problema del municipalismo, que es la "escasa financiación y la demanda creciente de atención a los problemas derivados de la desintegración social que sufre el estado del bienestar en España".
Advirtió que con esta norma se pretende "jibarizar la representatividad popular", siendo esta una de las últimas líneas rojas que quedaban por rebasar en el "recorte permanente de democracia, derechos y servicios esenciales".
En su intervención, Valderas situó el debate global de la reforma de la administración pública en el proceso de "astillamiento del Estado y eliminación de nuestro modelo de convivencia". Los orígenes de esta situación, a su juicio, se remontan a septiembre de 2011 con la modificación de la Constitución y el Pacto de Estabilidad, que dieron paso a un "proceso de desmantelamiento del Estado basado en la precariedad laboral, el ajuste duro sobre las clases medias y bajas y la eliminación de prestaciones y derechos en un contexto generalizado de limitación de las libertades públicas".
Más desigualdad
Valderas repasó los cambios protagonizados por la sociedad en estos últimos tres años, en los que se ha priorizado el pago de la deuda y sus intereses sobre las necesidades básicas de la población. Esto, unido al cumplimiento del déficit y a la exigencia a las comunidades autónomas para que asuman una nueva reducción de transferencias, con la consiguiente merma en la prestación de servicios, da lugar a "un modelo que nos hace pobres, con menos derechos y, sobre todo, más desiguales".
Ante este "modelo antisocial", que se vuelve contra las personas y que ha sido contestado por los ciudadanos a través de procesos movilizadores, aboga por adoptar "decisiones audaces, comprometidas con la gente y consecuentes con un modelo social basado en el bienestar, la solidaridad y el respeto a la dignidad de las personas". En este orden de cosas, ha reiterado la necesidad de dotarnos de un "nuevo modelo productivo, de rostro humano, vinculado a la capacidad de producir y generar riqueza donde se vive y de redistribuir equitativamente frente a la lógica de la acumulación infinita".
En otro momento de su intervención, el vicepresidente señaló que "la reforma local es una pieza más dentro del proceso de demolición del Estado, de quiebra de la convivencia y de agravamiento de la desigualdad". Frente a esta propuesta, aboga por "un modelo alternativo e intensamente participativo", en línea con la acción del Gobierno andaluz que promueve y iniciativas y leyes como las de Memoria Democrática, Participación Ciudadana o la de Transparencia.
Para Valderas, la Ley de Reforma Local responde a propuestas de sectores conservadores que aspiran a un "Estado frágil en el que partidos políticos y organizaciones sindicales o empresariales no sean más que correas de transmisión de los intereses de una élite que en 20 personas acumula más riqueza que el 20% de la población española".
Una élite que "no acepta que la sociedad exprese su malestar y que, en lugar de reconducir su política y atender a la demanda de la sociedad, cambia las reglas del juego democrático". Así lo demuestra la reforma de la ley electoral que pretende el Gobierno "para evitar la posible pérdida numerosas ciudades españolas en las próximas elecciones municipales; es en esta lógica donde se inscribe la reforma de la Administración Local".
Igualmente, denunció la "parálisis" y el cese de determinados servicios municipales que provoca la nueva ley, incidiendo directamente en la ciudadanía.
Inseguridad jurídica
En su exposición, criticó la norma "plagada no sólo de contradicciones en su construcción jurídica sino llena de contrasentidos políticos", como revela el dato de que el 90% de los ayuntamientos españoles (7.300) presentan una situación presupuestaria positiva y son los que mejor están cumplimiento la reducción del déficit, según información del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, "se les aplica un nuevo recorte de más de 7.000 millones de euros".
De ahí que el ejecutivo autonómico y el Parlamento hayan recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado negativamente sobre la misma. Según ha explicado Valderas, esta circunstancia, unida al pronunciamiento del Consejo de Estado en términos similares, debería ser suficiente para que el Gobierno paralizase la aplicación de la Ley, poniendo fin a las "peligrosas consecuencias e inseguridad jurídica" que conlleva.
Con el fin de anticiparse a posibles "efectos irreparables", la Junta ha aprobado un decreto-ley que pretende aclarar y resolver las dudas jurídicas que genera la ley y evitar "disfunciones" en la prestación de servicios públicos, así como de "vacíos competenciales" en materias como sanidad, educación o servicios sociales. De este modo, se facilita a los ayuntamientos y entidades locales el cumplimiento de las competencias reconocidas en la Ley de Autonomía Local de Andalucía.
Respaldo al municipalismo
De este modo, "Andalucía está en el camino adecuado", respaldando el municipalismo al que actualmente destina 1.400 millones de euros a través de programas específicos como los de 'Empleo Joven' y 'Empleo 30+' y medidas en favor de la inclusión social, entre otras actuaciones.
Reiteró la apuesta de la Junta en defensa de un "modelo social justo, redistributivo y capaz de atender mediante mecanismos de solidaridad a todos aquellos que precisan de respuesta urgente". Para ello, ha apelado al "esfuerzo colectivo para oponernos a un proyecto económico y social fracasado", que facilita la desigualdad como evidencian los 27 millones de desempleados y 120 millones de pobres de la Unión Europea.
Por último, el vicepresidente hizo un llamamiento "a la construcción, a la rebeldía, a la acción consciente y organizada y a la defensa de la política contra los miedos de los hombres".
REDACCIÓN / BAENA DIGITAL
