No con demasiado eco ha transitado la noticia de la eliminación del sueldo de los diputado/as de Castilla La Mancha tras la propuesta de la propia presidenta de dicha Comunidad, Maria Dolores de Cospedal. En un primer impulso, la valoración de la ciudadanía de dicha decisión puede estar dividida. Por un lado, fruto de la apatía generalizada hacia la clase política, noticias de este tipo suelen tener un apoyo popular mayoritario. Y es que debemos recordar que la clase política atraviesa la peor de las etapas en valoración ciudadana. Según el CIS, uno de cada cuatro españoles cree que los políticos son el principal problema de nuestro país.
Pero también han sido muchas las voces, al igual que la oposición de dicha comunidad, que plantean que es una medida injusta, pues de ese modo estamos programando una carrera política solo para ricos.
Intentando profundizar en la polémica decisión de eliminar los sueldos a diputado/as, desde el primer momento me puse del lado de Cospedal. Entiendo que el Estado de Derecho no está en peligro por decisiones como esta, pues hay muchas personas que también sustentan dicho Estado de Derecho democrático sin cobrar nada.
Sin duda, el tercer sector tiene también su importancia en el sustento de la democracia. El que conozco más de cerca es el movimiento ecologista, en el cual colaboran como voluntarios varias decenas de personas activistas en Andalucía que seguro que dedican más horas en pro del interés general en su tiempo libre que las de cualquier senador o diputado de cámaras estatales o regionales liberado y con dedicación exclusiva.
Además, no debemos de olvidar que la obtención de los derechos que ahora están en jaque, no fueron conseguidos tanto por el trabajo de personas ‘liberadas’, sino por el fruto del trabajo colectivo y solidario de muchísimas personas que lo daban todo por nada. En este sentido, la izquierda tradicional está acostumbrada históricamente al desempeño del interés general sin retribución económica alguna.
De esta forma, no me parecía mal que esta propuesta se repitiera en otras comunidades autónomas, en el Congreso y el Senado, así como en las retribuciones como concejal que se reciben en tantos ayuntamientos españoles.
En este sentido nos estamos refiriendo solamente a las retribuciones públicas que se pagan a diputados, senadores y concejales solo por levantar la mano para votar. En cambio, los políticos que ocupan cargo en una administración con dedicación exclusiva, por ejemplo alcaldías, concejales con cartera, consejerías en sus diferentes departamentos… sí que lógicamente deben estar dignamente retribuidos.
Iluso de mí por soñar de esta manera, cuando al llevarse a cabo esta primera experiencia en Castilla La Mancha, vemos como no ha habido eliminación de sueldo alguno, sino una drástica reducción, de 3.650 a 1.550 euros mensuales que supone la nueva asignación para dietas y asistencia a plenos, que sigue siendo un sueldo aceptable para la mayoría de los mortales.
Pero también han sido muchas las voces, al igual que la oposición de dicha comunidad, que plantean que es una medida injusta, pues de ese modo estamos programando una carrera política solo para ricos.
Intentando profundizar en la polémica decisión de eliminar los sueldos a diputado/as, desde el primer momento me puse del lado de Cospedal. Entiendo que el Estado de Derecho no está en peligro por decisiones como esta, pues hay muchas personas que también sustentan dicho Estado de Derecho democrático sin cobrar nada.
Sin duda, el tercer sector tiene también su importancia en el sustento de la democracia. El que conozco más de cerca es el movimiento ecologista, en el cual colaboran como voluntarios varias decenas de personas activistas en Andalucía que seguro que dedican más horas en pro del interés general en su tiempo libre que las de cualquier senador o diputado de cámaras estatales o regionales liberado y con dedicación exclusiva.
Además, no debemos de olvidar que la obtención de los derechos que ahora están en jaque, no fueron conseguidos tanto por el trabajo de personas ‘liberadas’, sino por el fruto del trabajo colectivo y solidario de muchísimas personas que lo daban todo por nada. En este sentido, la izquierda tradicional está acostumbrada históricamente al desempeño del interés general sin retribución económica alguna.
De esta forma, no me parecía mal que esta propuesta se repitiera en otras comunidades autónomas, en el Congreso y el Senado, así como en las retribuciones como concejal que se reciben en tantos ayuntamientos españoles.
En este sentido nos estamos refiriendo solamente a las retribuciones públicas que se pagan a diputados, senadores y concejales solo por levantar la mano para votar. En cambio, los políticos que ocupan cargo en una administración con dedicación exclusiva, por ejemplo alcaldías, concejales con cartera, consejerías en sus diferentes departamentos… sí que lógicamente deben estar dignamente retribuidos.
Iluso de mí por soñar de esta manera, cuando al llevarse a cabo esta primera experiencia en Castilla La Mancha, vemos como no ha habido eliminación de sueldo alguno, sino una drástica reducción, de 3.650 a 1.550 euros mensuales que supone la nueva asignación para dietas y asistencia a plenos, que sigue siendo un sueldo aceptable para la mayoría de los mortales.
PEPE R. SILLERO
